Noticias y artículos sobre educación.

Dos postes naranjas y una cadena impiden el paso a la parte trasera del Preescolar Luis Morquio, zona que fue inhabilitada debido a que el talud sobre el que se ubica registra un riesgo a presentar deslizamientos de tierra. El plantel público, al que acuden 64 infantes, se ubica en la Colonia Puente Colorado, en la zona de laderas y barrancas de la Alvaro Obregón. En la parte trasera del predio, el talud presenta agrietamientos y fracturas. La clausura de una parte de la escuela fue implementada este año, sin embargo, el riesgo del talud ya había sido identificado desde hace algunos años, señalaron padres de familia.

La nueva estrategia de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no busca convertir al personal de vigilancia en policía ni aplicar medidas carcelarias como se ha difundido entre algunos académicos, aclaró el nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), Manuel Palma Rangel. Al respecto, el rector de la universidad nacional, Leonardo Lomelí, aclaró que el nombramiento de quien fuera subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del estado de México en 2018 no va encaminado a aplicar una política persecutoria, sino a mantener la prevención.

Los daños a un plantel son señales de debilidades en la capacidad de protección de los entornos escolares Cada vez que una escuela es dañada o vandalizada, no solo se afecta su infraestructura: se generan condiciones que ponen en riesgo el ejercicio efectivo del derecho a aprender. En un país donde la escuela es, para muchas niñas, niños y adolescentes quizá la única oportunidad para superar su contexto, este no es un asunto menor ni solamente local, sino una alerta sobre las condiciones de seguridad en los entornos escolares. En días recientes, dos planteles de Culiacán tuvieron que suspender clases tras ser vandalizados e incluso incendiados durante la noche, obligando a directivos y docentes a replegar actividades y a resguardar a sus estudiantes.

Cada vez que una escuela es dañada o vandalizada, no solo se afecta su infraestructura: se generan condiciones que ponen en riesgo el ejercicio efectivo del derecho a aprender. En un país donde la escuela es, para muchas niñas, niños y adolescentes quizá la única oportunidad para superar su contexto, este no es un asunto menor ni solamente local, sino una alerta sobre las condiciones de seguridad en los entornos escolares. En días recientes, dos planteles de Culiacán tuvieron que suspender clases tras ser vandalizados e incluso incendiados durante la noche, obligando a directivos y docentes a replegar actividades y a resguardar a sus estudiantes.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la presidenta anunció el incremento de beneficiarios de becas, así como la ampliación de la cobertura del bachillerato nacional y la educación superior. Especialistas señalan que las propuestas no son nuevas y resultan insuficientes ante la violencia y el rezago educativo en el estado. “En Michoacán hay 242 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, así como 1.6 millones de personas en situación de rezago educativo, lo que refleja una situación de vulneración histórica de los derechos educativos, y se suma que durante el ciclo escolar 2024-2025 asesinaron a 120 menores de edad en el estado”, comenta Erik Avilés, director de Mexicanos Primero en dicha entidad.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, destacó, durante su comparecencia ante el Congreso local, el fortalecimiento de los protocolos de prevención en los últimos siete años, así como el aumento en la información del Atlas de Riesgos de la Ciudad. Urzúa destacó que han revisado al menos 10 mil 204 Programas Internos de Protección Civil (PIPC), con los cuales se suma un total de 14 mil 924 establecimientos que cuentan con su programa vigente, de los cuales 3 mil 729 son de escuelas públicas, lo que representa 95 por ciento de planteles públicos de educación básica en la Ciudad.

+En los últimos meses hemos podido atestiguar el agravado clima de inseguridad en las instalaciones de importantes instituciones de educación superior. Destaca el caso de la agresión en el CCH de la UNAM por el impacto de un acto en el que se involucra a integrantes del alumnado y por el fatal resultado del ataque. Sin embargo, el problema de la (in) seguridad en las instalaciones de las universidades es un asunto que ya desborda los mecanismos de atención con los que cuentan nuestras instituciones. No sólo se trata de ver si hay capacidad, voluntad o recursos -materiales, humanos y legales- para atender la problemática, más bien es necesario reconocer que la problemática que viven las y los universitarios no puede ser única y exclusivamente responsabilidad de las instituciones. El problema rebasa las puertas de las universidades, y se asocia con las condiciones generales del contexto nacional y mundial, la población toda que vive o cuando menos conoce (vía redes sociales) la violencia en expresiones no imaginadas

Padres de familia denunciaron de manera anónima el actuar de Héctor García Hernández, director de la Secundaria Técnica Número 9, en San Andrés Ahuashuatepec en el municipio de Tzompantepec, y a las autoridades educativas del estado, por intentar ocultar información por todos los medios, del disparo de un alumno contra otro estudiante. Las autoridades escolares actuaron de manera discreta, pues el alumno herido fue llevado a la dirección y fue trasladado al hospital por sus propios medios, al lugar no llegó ninguna ambulancia. El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre, durante un acto conmemorativo al Día de Muertos que se realizaba en la institución, cuando el alumno tuvo una diferencia con su compañero y le disparó en las canchas con un arma hechiza en forma de pluma.

En los últimos meses hemos podido atestiguar el agravado clima de inseguridad en las instalaciones de importantes instituciones de educación superior. Destaca el caso de la agresión en el CCH de la UNAM por el impacto de un acto en el que se involucra a integrantes del alumnado y por el fatal resultado del ataque. Sin embargo, el problema de la (in) seguridad en las instalaciones de las universidades es un asunto que ya desborda los mecanismos de atención con los que cuentan nuestras instituciones.

A raíz de la amenaza de bomba del pasado martes en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, las autoridades del plantel determinaron como medida de seguridad la revisión de mochilas y bolsos grandes, a fin de evitar el ingreso de posibles artefactos explosivos voluminosos. A través de sus redes sociales, señaló que para reforzar la seguridad dentro del plantel “todo objeto o bolsa de gran tamaño será revisado por el personal de vigilancia”. Aclaró que el objetivo es proteger la integridad de la comunidad ceceachera, así como mantener la paz y tranquilidad que debe tener un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo por la serie de amenazas de bombas en el mes más reciente.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur y perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está asentado en una opulente zona de la Ciudad de México. Su construcción en varios niveles se mezcla con frondosos árboles, piedra volcánica y flores. Es –o era– un lugar agradable para estudiar. Si uno cursa la secundaria pública en México, el CCH brinda –o brindaba– la oportunidad de formarse bajo un modelo educativo que, en teoría, no es tradicional. En 1971, los fundadores lo pensaron como una opción educativa donde el estudiante es sujeto de su “propia formación”.

La Jornada / Imanol Ordorika
En días recientes, diversos sectores universitarios han alzado la voz frente a una serie de acontecimientos que han sacudido a la comunidad de la UNAM. Más allá de los hechos puntuales, lo que se vive es expresión de una crisis estructural que se ha gestado durante décadas y que cada vez se manifiesta con mayor crudeza. Uno de los objetivos de las intervenciones públicas recientes ha sido contrarrestar la descalificación y la satanización de estudiantes y docentes que han criticado a la administración universitaria o que han exigido acciones concretas frente a temas como la violencia en los planteles, el abandono institucional o el genocidio en Palestina.

La violencia en los entornos escolares "no es un episodio esporádico, hay una continuidad sostenida, por lo menos en los últimos 20 años, que se extiende más allá de Michoacán e incluso de México", afirmaron especialistas en temas educativos. En términos generales, señalaron, "uno de cada tres maestros trabaja en escuelas situadas en alguno de los 154 municipios más violentos del país. Esto significa que 32 por ciento de todo el magisterio se enfrenta cotidianamente a problemáticas relacionadas con estos entornos".

A cuatro semanas del asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur, la UNAM aún no logra volver por completo a la normalidad. Aunque la mayoría de los planteles reanudó actividades, 14 de los 45 de educación media superior y superior -casi una tercera parte- mantienen afectaciones: paros, clases en línea u ocupaciones parciales. Estas escuelas concentran a más de 114 mil estudiantes, es decir, tres de cada diez alumnos de la UNAM que siguen sin clases presenciales. En el punto más crítico de la crisis, a finales de septiembre, más de 294 mil estudiantes -77% de la matrícula universitaria- estuvieron fuera de las aulas.

El gobierno municipal en coordinación con los comités escolares, llevan a cabo el programa Mochila de Paz, para la detección de objetos de riesgo para las y los alumnos con la intención de prevenir incidentes de violencia en las escuelas de Ecatepec. La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss informó que ya se han realizado revisiones en 129 planteles donde además se impartieron pláticas con padres de familia y alumnos para prevenir situaciones de riesgo.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que las actividades académicas se están normalizando, pero existen grupos externos que intentan desestabilizar a la institución. “Hemos percibido que, así como sí hay estudiantes con demandas reales que han entregado pliegos petitorios a sus direcciones, también hay gente de fuera, y eso es lo que nos preocupa”, afirmó. Tras el asesinato del estudiante Jesús Israel dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por el alumno Lex Ashton, en las últimas tres semanas, jóvenes de todas las facultades, escuelas de nivel superior y de bachillerato han hecho asambleas en las que delinearon sus peticiones sobre seguridad, atención a la salud mental y mejoras en la infraestructura física para resguardar su integridad, las cuales han entregado a sus respectivas autoridades.

Pobladores de la sierra de Rosario bloquearon el acceso a los trabajadores de la presa Santa María, donde se construye una hidroeléctrica, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a sus peticiones de transporte, pago de adeudos, distribución de víveres de Diconsa, maestros y seguridad. Los habitantes de las comunidades La Rastra, Charco Hondo, Buena Vista, Corral de Piedra, Maloya y Palmarito reclamaron que el pasado 7 de octubre sostendrían una reunión con funcionarios estatales para revisar los avances de las propuestas; sin embargo, no llegaron. Explicaron que tras la protesta del 16 septiembre –concluida una semana después–, confiaron en las promesas del gobierno que encabeza el morenista Rubén Rocha Moya, pero incumplieron. Denunciaron que sólo una semana operó un camión de ruta para trasladar pasaje a Santa María, y dos días a la semana otros al poblado Maloya, pero después ya no hubo transporte. En cuanto a la distribución de despensas, éstas llegaron a pocas localidades.

Sigue el efecto dominó: la tensión en el bachillerato de la UNAM ya alcanza al Colegio de Bachilleres. Las alertas que se encendieron en el bachillerato tras el asesinato de un alumno del CCH Sur ya rebasaron sus fronteras. La preocupación por la seguridad y el bienestar emocional de los jóvenes se replica en otros sistemas educativos.

El grupo parlamentario del PAN impulsa una iniciativa para establecer que las autoridades educativas estén obligadas a diseñar e implementar programas de seguridad y prevención que incluyan la instalación de botones de pánico en los planteles escolares. La propuesta del diputado Paulo Gonzalo Martínez López incluye, además, la obligación del Estado en la distribución de dispositivos de alerta personal para estudiantes y la coordinación con los cuerpos de seguridad pública para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue sin lograr su plena normalidad, entre facultades, escuelas y bachilleratos en paros, algunos totales y otros con clases en línea, debido a diversas exigencias, pero la principal, la seguridad. Este lunes, la asamblea estudiantil de la Facultad de Arquitectura resolvió entrar en paro total indefinido en exigencia de mayor seguridad.