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Las universidades públicas autónomas enfrentan desafíos salariales y sindicales en sus negociaciones para 2025, debido a presupuestos que no han aumentado en términos reales y al tope salarial impuesto por el gobierno. El incremento salarial obtenido por la UNAM (4%) se ha convertido en la referencia para otras instituciones, aunque persiste la incertidumbre sobre si todas alcanzarán este porcentaje. Algunas han logrado hasta un 2% adicional en prestaciones, reflejando que el gobierno mantiene su política de control salarial.
Paralelamente, la implementación de una democracia sindical efectiva sigue siendo un reto. A pesar de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019, que buscaba mayor transparencia, voto libre y rendición de cuentas en sindicatos, su aplicación ha sido lenta y con vacíos legales. Muchos sindicatos no han actualizado sus estatutos, y decisiones clave como huelgas o revisiones salariales siguen bajo el control de cúpulas sindicales, sin garantizar una votación personal, libre y secreta para todos los trabajadores.
A cinco años de la reforma laboral impulsada por la 4T, persisten dudas sobre su eficacia. Se espera que el nuevo gobierno garantice presupuestos adecuados para las universidades y fortalezca la democracia sindical para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.