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Ante la humana imposibilidad de leer todos los desplegados, pronunciamientos, entrevistas, artículos de opinión, posicionamientos y hasta denuestos que durante los últimos días han poblado las páginas de diarios y medios electrónicos respeto a la sucesión de la rectoría de la Universidad Veracruzana, me parece que lo sensato es reflexionar y hacerse una opinión decorosa. Con ese espíritu escribo este texto. Es cierto que, de pronto, todas y todos nos volvemos especialistas en derecho, cultura, sociología, antropología, ciencia política y demás disciplinas que nos permitan explicarnos cómo y por qué hemos llegado a esta penosa e inédita situación. En toda sucesión rectoral, generalmente, existen grupos de poder que buscan que su candidato o candidata llegue “a la grande” para gozar de prebendas y canonjías… es explicable. Golpes bajos, “filtraciones”, chismes que me dijo el primo del amigo de la suegra están a la orden del día. Sin embargo, la polarización que vive hoy la Universidad es también inédita e irresponsable.

En el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana se vivió el viernes 6 de junio una jornada histórica. Se pudo observar a decenas de consejeros defendiendo la legalidad y exigiendo el respeto a la Ley Orgánica. De modo excepcional, el rector y sus funcionarios tuvieron que escuchar los reclamos de la comunidad y el rechazo recurrente a la prórroga. En los asuntos generales, el rector incorporó el tema de la prórroga que solicitó a la Junta de Gobierno. Expuso en un breve documento sus razones: Nos dijo que “no obedece a un deseo personal” (pues seguramente es un deseo popular). Traicionado por el inconsciente, afirmó que “no es una búsqueda de perpetuación en el cargo (¡ups!) … pues tiene un equipo que ha avanzado en la transformación integral de la universidad (sic)… y es mi deber ético (¡sopas!) seguir contribuyendo a ese fin”. En una clara respuesta a la enorme inconformidad que recorre la Universidad dijo “mi solicitud no busca violentar la ley, sino que está basada en la legalidad, honestidad y el espíritu de servicio…” Sabiendo que están haciendo algo que viola todas las prácticas institucionales desde hace más de 25 años, reconoció que “la figura de la prórroga es inédita, que está prevista por la ley y que apelar a ella no es una falta a la comunidad ni un abuso de sus funciones como rector (¡ah bueno!). Es un uso de mi derecho (¿cuál?). Aspiro a otro periodo para consolidar la transformación” (sic).

En los últimos días ha quedado de manifiesto la pretensión del rector por prorrogar su mandato, sin convocatoria, sin competencia, sin evaluación de su desempeño, sin participación de la comunidad. Su pretensión claramente viola la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía, el Estatuto y el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno que son los referentes normativos con que cuenta la UV para organizar periódicamente la renovación de su rectoría. Le está pidiendo a la Junta que viole la ley. Se sabe que la Junta está dividida y sometida a enormes presiones. Algunos de sus integrantes parecieran operadores políticos del rector antes que académicos cuidando la institucionalidad de una universidad que les confió el respeto a su marco normativo y la estabilidad que favorezca su florecimiento académico.