DIRECTOR

Alejandro Márquez Jiménez

CONSEJO EDITORIAL

Jorge Ernesto Bartolucci, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Patrick Boumard, Université de Bretagne Occidentale, Brest, Francia

Rosalba Casas, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Cristián Cox Donoso, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

María de Ibarrola Nicolín, Departamento de Investigaciones Educativas, México

Norberto Fernández Lamarra, UNTREF, Argentina

Gustavo Fischman, Arizona State University, EUA

Jesús Miguel Jornet Meliá, Universidad de Valencia, España

Humberto Muñoz, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Javier Murillo, Universidad Autónoma de Madrid, España

Ma. Cristina Parra, Universidad de Zulia, Venezuela

José Francisco Soares, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil

Emilio Tenti Fanfani, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Lilia Toranzos, Organización de Estados Iberoamericanos, Argentina

Alicia Vargas Porras, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Guillermo Zamora Poblete, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

COMITÉ EDITORIAL

Germán Álvarez Mendiola (DIE-CINVESTAV), María Isabel Belausteguigoitia Rius (FFyL-UNAM), Alejandro Canales Sánchez (IISUE-UNAM), Graciela Cordero Arroyo (UABC), Adrián de Garay Sánchez (UAM –Azcapotzalco), Gloria del Castillo Alemán (FLACSO-México), Gunther Dietz (UV), Ana Lucía Escobar Chávez (UAS), Ana Hirsch Adler (IISUE-UNAM), Rodrigo López Zavala (UAS), Andrés Lozano Medina (UPN), Dinorah Miller Flores (UAM-Azcapotzalco), Enrique Pieck Gochicoa (UIA), Estela Ruiz Larraguivel (IISUE-UNAM), Lya Sañudo Guerra (SEJ).

Editora: Gabriela Arévalo Guízar

Corrección: Cecilia Fernández Zayas

Diseño editorial, formación, fotografía: Ernesto López Ruiz

Perfiles Educativos ha sido aprobada para su inclusión en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica (IRMICYT), del CONACYT, así como en los índices y las bases de datos: SCOPUS (Elsevier, Bibliographic Databases), Scientific Electronic Library Online (Scielo México), Scielo Citation Index (Scielo-Thomson Reuters), Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), Índice de Revistas sobre Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE), Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) y Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE).

Perfiles Educativos es una publicación que da a conocer principalmente resultados de la investigación en educación. Su línea editorial da cabida a los diversos aspectos de indagación, pues considera que las ciencias de la educación se han constituido en un campo inter y pluridisciplinario. La educación es un campo de conocimiento y también un ámbito de intervención; es por ello que en la revista se publican resultados de investigaciones con referentes teóricos o empíricos, desarrollos teóricos y reportes de experiencias educativas con un fundamento conceptual que por su carácter merezcan ser difundidos. Perfiles Educativos es una revista de intercambio y debate abierta a todos los interesados en el campo de la investigación educativa.

© 2016, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)

Perfiles Educativos es una publicación trimestral del IISUE de la UNAM. Los artículos firmados no necesariamente reflejan los criterios del IISUE y son responsabilidad exclusiva de los autores. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos sin autorización. No se devuelven originales. La correspondencia debe dirigirse a Revista Perfiles Educativos, Edificio del IISUE, lado norte de la Sala Nezahualcóyotl, Zona Cultural, Coyoacán, 04510, México, D.F. Correo electrónico: perfiles@unam.mx

Suscripciones anuales: México $500.00 M.N. Extranjero: USD 50.00. Precio del ejemplar: $100.00 M.N. Información sobre suscripciones a los teléfonos 56 22 69 95, ext. 2023. Conversión a ePub: Ernesto López Ruiz, teléfono (443)318 89 97 ernesto@alkimiamorelia.com. Certificado de licitud expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, el 16 de noviembre de 1981. Perfiles Educativos es nombre registrado en la Dirección General de Derechos de Autor. Se diseñó para ePub en junio de 2016.

Editorial

La desigualdad social y las reformas educativas

La UNESCO ha establecido que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho innato de cada niño/niña, mujer y hombre; en razón de ello ha expresado su compromiso de hacer realidad el derecho que tiene cada persona a recibir enseñanza, pues se asume que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y económico (UNESCO, 2011).

Esta conjetura sobre la función social de la educación es generalizada, pues se alude a la educación como un instrumento propulsor de la formación ciudadana y del desarrollo social y económico, así como de movilidad social; esto último a través del vínculo que se establece entre educación, empleo e ingreso. En consecuencia, en las sociedades modernas asegurar el acceso a la educación se considera como una vía para abatir la pobreza y la desigualdad social (Muñoz, et al., 1998; Bazdresch, 2001).

En este sentido, Bazdresch señala que, en el imaginario social, la importancia de la educación (vista como escolarización) se funda en la idea de que es la vía para alcanzar una vida mejor, es decir, para acceder a una posición económica y social más elevada (Bazdrech, 2001).

Ante tales expectativas, no resulta extraño que la educación ocupe un papel central en las actividades y los presupuestos gubernamentales, y que se constituya en un pilar de las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos; es así como éstos procuran generar consenso entre los ciudadanos. No obstante, si bien es cierto que la educación brinda amplios e importantes beneficios sociales, de un tiempo a la fecha es común que se le atribuyan expectativas que van más allá de lo razonable; se olvida que aunque es un factor fundamental para el desarrollo social y económico de los países y de los individuos, no es el único factor determinante.

En México, resulta claro el papel central que los gobiernos atribuyen al sector educativo; ello explica por qué cada nueva administración se plantea la necesidad de hacer reformas a ese sector. Estas reformas, por su parte, expresan expectativas que muchas veces rebasan la capacidad del propio sistema educativo para alcanzarlas. Por ejemplo, en el mensaje presidencial con motivo de la presentación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se dice que:

La educación de calidad tiene la mayor importancia para el desarrollo político, social, económico y cultural de México. Es el camino para lograr una convivencia respetuosa y armónica, en una sociedad democrática, justa, pacífica, productiva y próspera. La educación de calidad debe ser un verdadero instrumento que ayude a superar las graves desigualdades que padecen millones de mexicanos y favorezca un panorama de oportunidades al alcance de todos. Por ello he tomado la decisión política de reconocer a la educación la altísima prioridad que le corresponde y en consecuencia identificar e impulsar las transformaciones que requiere nuestro sistema educativo para estar a la altura de las aspiraciones de los mexicanos y para poder hacer frente a los retos que el país enfrenta.

Para respaldar esta decisión, desde el primer día de mi gobierno convoqué a todas las fuerzas políticas a reconocer que la educación es el primer gran tema que a todos nos concierne. Con el apoyo de la ciudadanía y de los partidos políticos fue posible llevar a cabo la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución y después elaborar la legislación secundaria correspondiente (SEP, 2013: 7).

Con más o menos matices, y bajo expectativas un tanto similares, durante los últimos sexenios ésta ha sido la forma en que los gobernantes en turno han tendido a justificar las reformas realizadas al sector educativo: se proponen cambios para mejorar el funcionamiento del sistema escolar y, con ello, las condiciones de vida de los mexicanos. No obstante, la pretensión de los gobernantes por reformar al sector para que ahora sí funcione correctamente ha llevado a que muchas de estas reformas tengan una vigencia igual o menor a la duración de la administración que las pone en marcha; consecuentemente, vivimos en la nación de la reforma educativa permanente, cosa que genera mucha incertidumbre en el sector educativo, pues la llegada de cada nuevo gobierno implica siempre la posibilidad de cambios.

Incluso aspectos que parecen ser constantes sufren importantes transformaciones de un sexenio al otro; por ejemplo, aunque el énfasis que se ha puesto en la evaluación educativa durante las últimas administraciones parece ser una política constante, la manera de hacerla operativa ha sido sustancialmente distinta dependiendo de la administración de que se trate. Basta recordar el énfasis que el expresidente Felipe Calderón hizo en dos instrumentos de evaluación: la Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica (Backhoff, 2012), que ahora ya no existen, y que fueron sustituidos por el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) y la Evaluación del Desempeño Docente de la actual administración. Cada nuevo recurso que se echa a andar en torno a la evaluación implica nuevas reglas del juego para los actores del sistema educativo. Y lo mismo ha tendido a ocurrir con los planes y programas de estudio, que fueron reformados durante los sexenios anteriores y que ahora, en la recta final del presente sexenio, se plantean reformar nuevamente a través del llamado nuevo “modelo educativo”.

Aun cuando la tendencia a reformar profundamente al sector educativo ha estado presente a lo largo de toda la historia postrevolucionaria del país, las últimas décadas veremos un mayor énfasis en el tema: durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) se planteó la necesidad de llevar a cabo una “revolución educativa”; lo mismo ocurrió con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y su “modernización educativa”. En la actual administración, desde el primer día de su gobierno el presidente convocó a todas las fuerzas políticas a firmar el denominado “Pacto por México”, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país para llevar a cabo las reformas que no se habían podido realizar con anterioridad; en dicho pacto la reforma educativa se encontraba entre las tres primeras, junto con la de telecomunicaciones y la ley nacional de responsabilidades hacendarias y deuda pública.

Teniendo en cuenta el ímpetu reformador de nuestros gobernantes, cabe preguntar ¿en qué medida las constantes reformas realizadas al sector educativo han contribuido a mejorar la distribución equitativa de las oportunidades educativas? Y ¿cuál ha sido su resultado con respecto al mejoramiento de las condiciones de vida de la población? Estas preguntas subyacen al discurso con el cual se han justificado las reformas implementadas durante los últimos sexenios.

LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

En México son evidentes los avances que se han logrado en materia de cobertura educativa para la población. En un lapso de aproximadamente 34 años la matrícula total inscrita (desde preescolar hasta superior, incluyendo la capacitación para el trabajo) pasó de 21.5 a 35.7 millones de alumnos (Gráfica 1), lo cual implicó una tasa de crecimiento de aproximadamente 2 por ciento anual. Este crecimiento se reflejó de forma importante en el aumento de las tasas brutas de cobertura en los diferentes tipos y niveles educativos. Según las cifras del gobierno, para 2014, en educación preescolar la cobertura era próxima al 72 por ciento; y en primaria y secundaria hipotéticamente el sistema estaba en condiciones de atender a casi todos los niños, niñas y jóvenes en edad de cursar estos niveles. En educación media superior la cobertura bruta era cercana a 70 por ciento, y en educación superior a 30 por ciento (Gráfica 2).

No obstante lo anterior, hay datos que confirman que los avances logrados en la cobertura educativa muestran importantes señas de inequidad, asociadas a las desigualdades sociales y económicas existentes entre la población. Por ejemplo, los trabajos de Felipe Martínez Rizo (2012) indican que si bien hemos avanzado en términos educativos, estos avances mantienen las asimetrías existentes en la distribución de las oportunidades educativas: así tenemos que entre 1970 y 2010, si bien aumentó la escolaridad promedio de la población de 15 años y más de 3.4 a 8.7 grados, en las entidades más pobres (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) el promedio de escolaridad en 2010 era ligeramente superior al que tenía el Distrito Federal 40 años antes (Gráfica 3). Una tendencia similar se observa respecto de la distribución de la escolaridad al interior de las entidades federativas entre 1970 y 2010, pues aunque se advierte una disminución de la inequidad, vista a través del valor del índice de Gini,[1] el cual decrece de 0.55 a 0.30 en el periodo indicado; nuevamente las entidades más pobres (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) son las que muestran los índices menos favorables. Ello indica que la desigualdad en la distribución educativa es todavía mayor a la que existía entre esos estados y el Distrito Federal y Nuevo León hace 40 años (Gráfica 4).

Las desigualdades educativas se encuentran estrechamente asociadas a la distribución del ingreso en México, pues en el 20 por ciento de los hogares más pobres el porcentaje de asistencia escolar se encuentra sistemáticamente por debajo del porcentaje que alcanza en el 20 por ciento de los hogares con los mayores recursos. Asimismo, se aprecia que esta diferencia se incrementa según aumenta la edad de las personas: en 2014, mientras que en el 20 por ciento de los hogares con menores recursos la asistencia escolar era de 41 por ciento en el grupo de edad de 15 a 17, y de 8 por ciento en el de 18 a 22 años; en el 20 por ciento de los hogares más ricos estos porcentajes eran de 73 y 44 para los grupos de edad respectivos (Gráfica 5).

Lo que ocurre en México no es privativo de éste; las desigualdades estructurales vinculadas con la distribución del ingreso se encuentran consistentemente relacionadas, a su vez, con la distribución de las oportunidades educativas, si bien existen amplias diferencias entre los países según su nivel de desarrollo. En un reciente estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se señala que en los países de bajos ingresos, 46 por ciento de los recursos para la educación pública se asignan a la educación del 10 por ciento de los estudiantes más instruidos, quienes usualmente son los que provienen de los hogares más ricos. En los países de ingreso medio-bajo este porcentaje es de 26, y en los de ingreso medio-alto de 13. Al respecto, el organismo señala que, debido a la correlación entre el nivel de ingreso de los hogares y la educación, en algunos países de bajo ingreso los niños del 20 por ciento de los hogares más pobres se benefician 10 veces menos del gasto público destinado a la educación que los niños provenientes del 20 por ciento de los hogares más ricos (UNICEF, 2015).

Esto es así porque los factores que generan la desigualdad de oportunidades educativas están estructuralmente vinculados a los que producen la desigualdad social y económica en términos generales; y a que las reformas educativas en México prestan poca atención a este aspecto; por ejemplo, aunque en la actual administración se diseñó un programa para mejorar la infraestructura escolar (Escuelas al cien), con una meta de 33 mil escuelas públicas de educación básica, media superior y superior, con una inversión aproximada de 50 mil millones de pesos (Presidencia de la República, 2016), no se consideró un problema más profundo relacionado con la desigualdad educativa: las localidades que no cuentan con escuelas, que afecta principalmente a los sectores de la población de menores recursos.

Las cifras de localidades sin escuelas son alarmantes y revelan el aspecto más grave de la desigualdad educativa. Así tenemos que en las localidades de menos de cinco mil habitantes, 4 por ciento no cuenta con algún tipo de escuela, 7 por ciento no tiene preescolar, 8 por ciento no tiene primaria completa, 42 por ciento no tiene secundaria y 86 por ciento no tiene escuelas de nivel medio superior. Este problema se agrava conforme disminuye el tamaño de las localidades (Gráfica 6). En un contexto donde la obligatoriedad de la educación se ha ampliado hasta el nivel medio superior, las cifras anteriores reflejan la situación más drástica de desigualdad educativa y el bajo impacto de las reformas constantes aplicadas al sector escolar para revertirla.

En el informe de UNICEF se señala que la desigualdad educativa se complica no solamente por los escasos recursos que destinan algunos países a la educación, sino porque los recursos disponibles no se asignan de manera equitativa. Usualmente las localidades más pobres son las que tienen las escuelas que sufren las mayores privaciones, porque carecen de infraestructura, les asignan menos maestros y/o cuentan con los docentes menos calificados (UNICEF, 2015). Es el caso de la realidad mexicana: si se revisan las escuelas de los cursos comunitarios atendidas por el CONAFE, así como las que brindan servicios educativos a la población indígena, las cuales se caracterizan por atender a las poblaciones de menor tamaño, las más pobres y aisladas del país, veremos que son, al mismo tiempo, las que presentan las mayores carencias, a las que se les asignan menos recursos, las que consistentemente obtienen los resultados más bajos en las pruebas de logro académico y las que presentan los mayores problemas de inasistencia escolar (ver Martínez Rizo, 2012; Robles, 2013; INEE, 2016). En este sentido, una reforma educativa que tuviese como eje la equitativa distribución de oportunidades educativas, debería centrarse en afrontar el problema de las localidades que carecen de escuelas, y diseñar un plan urgente y de amplio espectro para mejorar las escuelas del CONAFE y las que atienden a la población índigena, y así contrarrestar los factores adversos del contexto que influyen en los bajos logros educativos de los alumnos.

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEXICANA

Para la mayor parte de la población mexicana las perspectivas que le depara el futuro no son muy alentadoras: crisis económica, recortes presupuestales, crecimiento del empleo informal, incremento de la pobreza, etc. Pero esta realidad no la comparten todos los mexicanos en razón de la lacerante desigualdad en la distribución del ingreso económico.

En los últimos 15 años, en México, el producto interno bruto (PIB) ha crecido a una tasa un poco mayor a 2 por ciento anual, aunque con importantes variaciones debido a las frecuentes crisis económicas, muchas de ellas reflejo de las crisis mundiales. Aun cuando el incremento no se haya dado en los niveles deseados, la economía sí ha crecido, pero lo que no se ve llegar es la esperada mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la gente. La explicación se encuentra en la desigual distribución del ingreso, pues mientras persiste la pobreza, la riqueza de las familias más acaudalas del país aumenta de forma impresionante. En 2012, se estimaba que el 1 por ciento de los hogares más ricos del país concentraba el 23 por ciento del ingreso total del país; porcentaje que contrasta con los niveles de concentración del ingreso existentes en otros países (Campos et al., 2014, 2016; Esquivel, 2015) (Gráfica 7).

Esta situación también se da en otros países y regiones: en un reciente estudio realizado por OXFAM se indica que la mitad de la riqueza mundial está en manos de apenas el 1 por ciento de los individuos más ricos del mundo. Ello, señala el organismo, sin contar con que una considerable cantidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales (Oxfam, 2014; Blanchar, 2014; Esquivel, 2015).

En su estudio, OXFAM indica que la desigualdad económica tiene muchos efectos perniciosos, entre ellos, el secuestro de la democracia por parte de las élites poderosas; en efecto, la concentración extrema de la riqueza provoca inequidad en la representación política de manera que, mediante leyes hechas a su modo, los gobiernos tienden a servir a las élites económicas en detrimento del resto de la ciudadanía. La existencia de normas y leyes orientadas a favorecer la desregulación financiera, la inequidad en el sistema tributario, la evasión fiscal y las políticas de austeridad que afectan a la mayoría de la población, son manifestaciones de este secuestro de la democracia por parte de las élites. Por todo ello puede afirmarse, como señala OXFAM, que la desigualdad económica y el secuestro de los procesos democráticos son fuertemente interdependientes (OXFAM, 2014).

La situación anterior no es extraña para México; como señala Esquivel (2015), cuatro de los millonarios que aparecen frecuentemente en las listas de los más ricos del mundo del índice Forbes (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego), han hecho sus fortunas mediante negocios privados concesionados y/o regulados por el sector público. Para Esquivel estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales (Esquivel, 2015). Asimismo, no es extraño que en México los empresarios se manifiesten cada vez que ven afectados sus intereses. Un ejemplo reciente son las presiones que llevaron a que el presidente vetara la denominada “ley 3 de 3”, cuyo propósito era evitar actos de corrupción entre servidores públicos y empresarios del sector privado (La Jornada, 2016; Becerril y Ballinas, 2016). Son los mismos empresarios que piden mano dura contra el movimiento magisterial por considerar que afecta la economía y la estabilidad del país.

Por otra parte, aunque se considera que los datos de las Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) tienden a subestimar los ingresos de los hogares más acaudalados en México (Esquivel 2015; Díaz, 2015), permiten observar el comportamiento que ha tenido la distribución del ingreso en los últimos años. Como puede verse en la Gráfica 8, a pesar de que dicho ingreso, en términos del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, ha aumentado considerablemente desde 1984, la distribución del ingreso, visto por el valor del índice de Gini, no muestra cambios sustanciales entre esa fecha y el 2014. Es decir, hay más riqueza, pero ésta se sigue distribuyendo de manera inequitativa.

Esto se confirma al observar que, en el periodo considerado, el ingreso del 10 por ciento de los hogares más ricos, y el del 40 por ciento de los hogares más pobres muestran casi la misma tendencia. Durante los años noventa y la primera década del presente siglo los ingresos de los hogares más acaudalados aumentaron, para disminuir en los últimos años al nivel que tenían en 1984 (Gráfica 9).

Por su parte, los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestran que el porcentaje de la población en pobreza aumentó considerablemente entre 1992 y 2002, pero después tendió a mantenerse más o menos estable entre 2002 y 2012. En resumen, los porcentajes de población en pobreza alimentaria y en pobreza de patrimonio en 1992 eran casi los mismos que en 2014. Esto no es alentador, dado que por el efecto del crecimiento demográfico la cantidad real de población en condiciones de pobreza aumentó considerablemente: mientras que en 1992 había 18.6 millones de personas en pobreza alimentaria, en 2012 esta cifra llegó a los 23.1 millones. Por su parte, las cifras correspondientes para la pobreza de patrimonio pasaron de 46.1 a 61.4 millones de personas (Gráfica 10). Lo anterior revela un panorama nada halagador, ya que la pobreza alimentaria implica la incapacidad de los hogares para obtener una canasta básica alimentaria aun si destinaran todos sus recursos disponibles para comprar sólo eso; mientras que la pobreza de patrimonio se refiere a no contar con recursos para adquirir la canasta alimentaria y para cubrir los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación de los miembros del hogar (CONEVAL, s/f).

Así pues, bajo el modelo de desarrollo neoliberal seguimos con reformas pero éstas usualmente, como señala el informe de OXFAM, evidencian que nuestra democracia está secuestrada y tienden a favorecer las grandes desigualdades en la distribución del ingreso, con graves repercusiones en contra de la equitativa distribución de las oportunidades educativas. Se dice que no hay recursos, o que éstos son muy limitados, mientras se sigue favoreciendo la concentración de la riqueza en las familias más acaudaladas del país. Es tiempo, como señalara el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, de cambiar el modelo de desarrollo del país, por un modelo que:

...distribuya de mejor manera la riqueza nacional y el trabajo colectivo; tenemos que plantearnos nuevas hazañas nacionales, especialmente de orden social, que resuelvan los saldos históricos y que anticipen las necesidades venideras. Tenemos que forjar un nuevo pacto nacional que responda a nuestra realidad, debemos cambiar la polaridad y transformar el ambiente de desesperanza y frustración para recuperar el ánimo y favorecer el compromiso (cit. en La Jornada, 2010).

Urge un nuevo modelo de desarrollo para el país, señalaba el exrector de la UNAM en 2010. Ello sigue siendo urgente ahora, si queremos un país donde la distribución del ingreso sea más justa y equitativa; un país donde se asegure el acceso a una educación de calidad para toda la población; un país que brinde esperanza para amplios sectores de la población que ven pasar las actuales reformas con más pena que gloria.

En este número 154 de Perfiles Educativos se incluyen ocho artículos en la sección Claves y dos en la sección Horizontes. En la sección de Documentos, en esta ocasión y debido a la importancia que reviste para el sector educativo, decidimos incluir el documento “Los fines de la educación en el siglo XXI”, y la Introducción y Conclusiones del recién presentado “Modelo Educativo 2016”, los cuales forman parte sustancial de la Reforma Educativa planteada por el actual gobierno y resumen el planteamiento pedagógico y las aspiraciones oficiales con respecto a la reforma educativa. Los aspectos que se abordan en estos tres textos han generado múltiples reacciones y son, desde nuestro punto de vista, muy relevantes para la discusión del futuro de la educación en México. En números posteriores de Perfiles Educativos procuraremos dar seguimiento a las discusiones que se han abierto a raíz de la presentación de los documentos que engloban la parte sustancial de la actual reforma educativa, y para ello integraremos esta sección con las participaciones de destacados académicos.

En relación con los ocho artículos que conforman la sección Claves, en esta ocasión se abordan temas diversos, si bien los cuatro primeros están relacionados con la docencia en el nivel superior de educación. El primero es una investigación realizada con docentes del Instituto Politécnico Nacional (México) orientada a conocer los cambios derivados de las reformas educativas de segunda generación aplicadas en el nivel de educación superior, en los marcos epistemológicos con los cuales los docentes afrontan su actividad. Sus resultados señalan la complejidad de llevar adelante reformas al sector educativo sin considerar el arraigo de las epistemologías docentes, lo cual lleva a que persistan prácticas tradicionales de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El segundo artículo es una investigación realizada en Chile con estudiantes de Pedagogía, cuyo objetivo consiste en indagar la incidencia que tienen las instituciones formadoras en el desarrollo de la competencia moral-democrática en los estudiantes. Los resultados muestran que las instituciones formadoras tienen una baja incidencia en el desarrollo de esta competencia, y con base en ello los autores plantean la necesidad de que las instituciones educativas incrementen sus esfuerzos para desarrollarla, dada su relevancia desde el punto de vista de la convivencia democrática. El tercer artículo es un estado del arte orientado a analizar la transferencia de la formación del profesorado universitario a partir de una amplia revisión de la literatura. En sus conclusiones los autores apuntan que la transferencia no es un fenómeno automático, sino voluntario, influido por variables referidas a características del aprendiz, del diseño y desarrollo de la formación, o del ambiente de trabajo. El último trabajo en esta línea temática se orienta a analizar los cambios pedagógicos que experimentan los docentes que participan en un programa de educación a distancia de nivel superior. Este trabajo muestra los complejos cambios que tienen que afrontar los docentes bajo las exigencias que implica la enseñanza bajo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En perspectiva, estos cuatro trabajos resultan relevantes por explorar los cambios que se han producido en la docencia de nivel superior en los años recientes, por lo cual confiamos que resultarán de amplio interés para nuestros lectores.

Las siguientes cuatro investigaciones de la sección Claves abordan temas como la participación de la familia en la educación primaria, la igualdad de género en el ámbito universitario, la incidencia de las condiciones de escolarización en las trayectorias educativas en el nivel secundario y la incidencia del capital cultural en las estrategias educativas de los hogares. El primero de ellos se orienta a conocer los distintos perfiles de participación que tienen los hogares en el proceso educativo; los resultados de esta investigación permiten superar la noción reduccionista que clasifica a las familias en sólo dos categorías: familias que participan y familias que no participan en el proceso educativo, al mostrar un panorama mucho más amplio y complejo que lleva a comprender mejor este fenómeno. El segundo artículo analiza el significado que adquiere la igualdad de género en dirigentes estudiantiles de las universidades chilenas, con especial interés en los referentes familiares y las motivaciones de la vida política universitaria; la investigación apunta a caracterizar los discursos públicos en torno al concepto de “igualdad de género” que emergieron en Chile a partir de la década de 1990, y su recepción en estudiantes universitarias y profesionales. La siguiente investigación aborda la incidencia de las condiciones de escolarización en las trayectorias educativas de estudiantes de secundaria en Buenos Aires, concretamente en relación a los alumnos de las “escuelas de reingreso”; la autora plantea la importancia de diseñar estrategias escolares flexibles, que aseguren el derecho de los jóvenes a la educación. Por su parte, el último artículo de esta sección es un trabajo que, enmarcado en la teoría de Pierre Bourdieu, destaca la importancia del capital cultural de los hogares en las decisiones (estrategias) que se toman con respecto a la educación de sus miembros. La importancia del trabajo estriba en que analiza los factores que intervienen en el desarrollo de prácticas que inciden en el campo cultural y cómo éstas se articulan con las estrategias familiares en su conjunto, incluidas las educativas; así como con sus posibilidades de éxito o fracaso. En conjunto, estos trabajos abonan la discusión de la equidad en el sector educativo, y por ello asumimos que también resultarán del interés de nuestros lectores.

Los dos artículos de la sección Horizontes analizan temas muy diferentes pero no por ello de menor importancia para el sector educativo. El primero se refiere a las analogías heurísticas de la lectura y sus implicaciones en la formación docente, con el objetivo de aportar nuevos caminos para la praxis docente. El segundo aporta un análisis orientado a discutir la comparabilidad de los indicadores sobre el abandono escolar temprano entre los países europeos, Estados Unidos y México; así como sobre los criterios que deberían seguirse para obtener indicadores más confiables y válidos sobre este problema, que permitan realizar una mejor comparación en el ámbito internacional.

Finalmente, cabe resaltar que cada cierto tiempo la revista Perfiles Educativos va acompañada de un Suplemento, que contiene trabajos académicos orientados a discutir temas que resultan de interés para el sector educativo. En esta ocasión, de forma fortuita, el suplemento trata sobre el plagio académico, tema que se enlaza con el debate que ha suscitado la reciente noticia del plagio en la tesis de licenciatura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La seriedad y la perspectiva académica con que los autores abordan el tema sin duda contribuirán para ampliar los debates respecto de este asunto desde la perspectiva de la ética en los procesos de formación educativa y escritura académica. Recomendamos ampliamente su lectura.

Entre los muchos problemas y debates que se han suscitado debido al movimiento magisterial contra la reforma educativa, las reacciones a la presentación por parte del gobierno federal del nuevo modelo educativo y los plagios del presidente, confiamos en que la calidad de las aportaciones que se encuentran en este nuevo número de Perfiles Educativos llamará especialmente la atención de nuestros lectores.

Alejandro Márquez Jiménez

REFERENCIAS

BACKHOFF Escudero, Eduardo (2012, 30 de agosto), “La educación en tiempos de Felipe Calderón”, Campus Milenio, núm. 146, p. 11, en: http://red-academica.net/observatorio-academico/2012/09/03/la-educacion-en-tiempos-de-felipe-calderon/ (consulta: 16 de agosto de 2016).

Banco Mundial (s/f), “PIB per cápita”, en Banco de datos mundial. Indicadores del desarrollo mundial, en: http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=indicadores-del-desarrollo-mundial# (consulta: 22 de agosto de 2016).

BAZDRESCH Parada, Miguel (2001), “Educación y pobreza: una relación conflictiva”, en Alicia Ziccardi (coord.), Pobreza y políticas sociales, Buenos Aires, CLACSO, pp. 65-81, en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101029062411/ziccardi.pdf (consulta: 27 de agosto de 2016).

BECERRIL, Andrea y Víctor Ballinas (2016, 5 de julio), “Senado aprueba cambios de Peña a ley ‘3 de 3’”, La Jornada en línea, en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/05/senado-aprueba-cambios-a-ley-3-de-3 (consulta: 2 de septiembre de 2016).

BLANCHAR, Clara (2014, 20 de enero), “85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres del mundo”, El País, en: http://economia.elpais.com/economia/2014/01/19/actualidad/1390168909_581864.html (consulta: 2 de septiembre de 2016).

CAMPOS Vázquez, Raymundo M., Emmanuel Chávez y Gerardo Esquivel (2016), “Estimating top income shares without tax return data: Mexico since 1990s”, Documentos de Trabajo, núm. 4-2016, en: http://cee.colmex.mx/images/Documentos-de-trabajo-2016/DTCEEIV2016.pdf (consulta: 2 de septiembre de 2016).

CAMPOS Vázquez, Raymundo M., Emmanuel Chávez y Gerardo Esquivel (2014), “Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible”, México, Centro de Estudios de Finanzas Públicas, en: http://www.cefp.gob.mx/portal_archivos/convocatoria/pnfp2014/primerlugarpnfp2014.pdf (consulta: 2 de septiembre de 2016).

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2015), “Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso en México 1992-2014”, en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/EDP/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2014-.aspx (consulta: 22 de agosto de 2016).

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (s/f), “Medición de la pobreza. Glosario”, en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx (consulta: 22 de agosto de 2016).

DÍAZ, Alejandro (2015), “Algunas notas sobre las encuestas nacionales de ingreso-gasto de los hogares (ENIGH)”, Nexos-Blog de la Redacción, en: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7204 (consulta: 22 de agosto de 2016).

“El sinuoso camino de la ley 3 de 3”, La Jornada, Opinión, 26 de junio de 2016, en: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/26/opinion/002a1edi (consulta: 2 de septiembre de 2016).

ESQUIVEL Hernández, Gerardo (2015), Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político, México, OXFAM México, en: http://www.cambialasreglas.org/pdf/desigualdadextrema_informe.pdf (consulta: 2 de septiembre de 2016).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2015), The Investment Case for Education and Equity, Nueva York, UNICEF, en: http://www.unicef.org/publications/index_78727.html (consulta: 16 de agosto de 2016).

Gobierno de México-Secretaría de Educación Pública (2013), Programa sectorial de educación 2013-2018, México, SEP, en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf (consulta: 14 de agosto de 2016).

Gobierno de México-Secretaría de Educación Pública (SEP) (s/f-a), Estadísticas históricas 1893-2012, en: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html (consulta: 24 de agosto de 2016).

Gobierno de México-Secretaría de Educación Pública (SEP) (s/f-b), Reporte de indicadores educativos, en: http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html (consulta: 24 de agosto de 2016).

INEE (2016), Panorama educativo de la población indígena 2015, México, INEE/UNICEF.

INEGI (1992), Microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 1992, México, INEGI.

INEGI (2010), “Localidades y población por tamaño de localidad según escuelas disponibles”, en Censo de población y vivienda 2010. Tabulados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes, en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/tabulados_localidades.aspx (consulta: 20 de agosto de 2016).

INEGI (2014), Microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2014, México, INEGI.

MARTÍNEZ Rizo, Felipe (2012), “Las desigualdades en la educación básica”, Perfiles Educativos, vol. XXXIV, núm. especial, pp. 29-46, en: http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=2012-e-29-46 (consulta: 16 de agosto de 2016).

MUÑOZ García, Humberto, Teresa Bracho, María de Ibarrola, Roberto Rodríguez Gómez y Sylvia Schmelkes (1998), “Educación y desigualdad social”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 3, núm. 6, pp. 317-345.

OXFAM (2014), “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”, Informe de OXFAM 178, en: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf (consulta: 2 de septiembre de 2016).

ROBLES Vásquez, Héctor V. (2013, 1 de octubre), “Inasistencia escolar en el campo”, Este País, en: http://archivo.estepais.com/site/2013/politicas-publicas-9/ (consulta: 28 de agosto de 2016).

UNESCO (2011), La UNESCO y la educación. Toda persona tiene derecho a la educación, París, UNESCO.

“Urge un nuevo modelo que resuelva los saldos históricos, advierte Narro”, La Jornada, La Redacción, 8 de junio de 2010, en: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/08/index.php?section=sociedad&article=038n1soc (consulta: 2 de septiembre de 2016).

NOTA

1   El índice de Gini es una medida de desigualdad que puede tomar valores entre 0 y 1, donde valores cercanos al cero indican menor desigualdad y valores cercanos a 1 mayor desigualdad.

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