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Editora: Gabriela Arévalo Guízar

Corrección: Cecilia Fernández Zayas

Diseño editorial, formación, fotografía: Ernesto López Ruiz

Perfiles Educativos ha sido aprobada para su inclusión en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica (IRMICYT), del CONACYT, así como en los índices y las bases de datos: SCOPUS (Elsevier, Bibliographic Databases), Scientific Electronic Library Online (Scielo México), Scielo Citation Index (Scielo-Thomson Reuters), Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), Índice de Revistas sobre Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE), Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) y Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE).

Perfiles Educativos es una publicación que da a conocer principalmente resultados de la investigación en educación. Su línea editorial da cabida a los diversos aspectos de indagación, pues considera que las ciencias de la educación se han constituido en un campo inter y pluridisciplinario. La educación es un campo de conocimiento y también un ámbito de intervención; es por ello que en la revista se publican resultados de investigaciones con referentes teóricos o empíricos, desarrollos teóricos y reportes de experiencias educativas con un fundamento conceptual que por su carácter merezcan ser difundidos. Perfiles Educativos es una revista de intercambio y debate abierta a todos los interesados en el campo de la investigación educativa.

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La creación de nuevas universidades nacionales en la década de los años setenta

Continuidades y rupturas del plan Taquini en el marco de la coyuntura política nacional (1966-1973)

MARIANA MENDONÇA[1]

En este trabajo nos proponemos analizar las políticas universitarias implementadas tras la caída de Juan Carlos Onganía (presidente de Argentina 1966-1970), las cuales estuvieron orientadas a descentralizar las casas de altos estudios. Nos hemos propuesto dar cuenta del proceso que llevó a la implementación del denominado “Plan Taquini” y las transformaciones que el plan original sufrió desde su presentación hasta que finalmente se materializó como política de Estado, entre 1971 y 1973. Se analizan las medidas que se desarrollaron a lo largo de las tres presidencias de este periodo, así como el rol que jugaron las comunidades locales en las diferentes coyunturas políticas. Para ello, se abordan algunos de los casos particulares de creación de nuevas universidades, haciendo énfasis en la ciudad de Río Cuarto, lugar en que se construyó la primera de ellas.

Palabras clave: Revolución argentina, Universidad, Plan Taquini, Políticas universitarias, Descentralización

This article aims to analyze the university policies implemented after the fall from power of Juan Carlos Onganía (president of Argentina 1966-1970), which were aimed at decentralizing higher education institutions. It offers an account of the process that led to the implementation of the so-called “Taquini Plan” and the adjustments undergone by the original plan by the time it became state policy between 1971 and 1973. The measures developed over the three administrations that ruled during this period are analyzed, together with the role played by local communities at the different political junctures. To this end, the paper addressed particular cases of the creation of new universities, with a focus on the city of Rio Cuarto, where one of the first was built.

Keywords: Argentine revolution, University, Taquini plan, University policies, Decentralization

Recepción: 6 de octubre de 2014 | Aceptación: 22 de diciembre de 2014

1 Docente de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Doctoranda en Ciencias Sociales por el Instituto de Desarrollo Económico y Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento (IDES-UNGS). Becaria doctoral de CONICET con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravigniani”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Ciencias Sociales IDES-UNGS. Profesora y licenciada en Sociología por la UBA. Publicación reciente: (2014), “Los (frustrados) intentos de modernización en la Universidad de Buenos Aires desde su creación hasta el rectorado de Devoto (1821-1968)”, en M. Millán (comp.), Universidad, política y movimiento estudiantil en Argentina (entre la “Revolución Libertadora” y la democracia del ´83), Buenos Aires, Final Abierto, pp. 13-47. CE: mmendonca85@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El periodo histórico que se abre con el golpe de Estado de 1966 e instaura en el poder a la autodenominada “revolución argentina” es sumamente rico en lo que se refiere a políticas educativas. Específicamente, bajo el mandato de Lanusse (1971-1973) se abre un proceso que resulta en la creación de 13 nuevas universidades nacionales, lo que reconfiguró el sistema de educación superior en Argentina.

Dicho proceso comenzó a tomar forma durante el gobierno militar de Onganía, cuyos primeros años se caracterizaron por la implementación de medidas represivas en el interior de las universidades. En 1968, sin embargo, la política educativa tomaría un nuevo rumbo, al darse a conocer el informe elaborado por el Sector Educación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE).[1] En el mismo se destacaban dos problemas principales: por un lado, el aumento de la matrícula y la alta tasa de deserción; y por el otro, la urgente necesidad de modernizar las estructuras universitarias. Las transformaciones sugeridas, por lo tanto, deberían abarcar tanto aspectos cualitativos como cuantitativos.

Comenzaron entonces a surgir diferentes propuestas para reorganizar el sistema universitario del país, que proponían introducir cambios modernizadores, pero siempre manteniendo el tinte autoritario que caracterizó al gobierno de la autodenominada “revolución argentina”. De este modo, al informe del CONADE se sumaron otros proyectos que fueron discutidos entre los organismos nacionales: los del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN), una propuesta del nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el doctor Raúl Devoto,[2] y la expuesta por el entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, el doctor Alberto Taquini.[3]

No es el propósito de este trabajo detenernos en los debates que generaron las diferentes propuestas,[4] pero sí haremos especial hincapié en el plan presentado por Taquini, puesto que, al lograr movilizar a la población de las distintas localidades, se erigió como el portavoz emblemático de este proceso.

Pese a coincidir con el diagnóstico establecido por los organismos gubernamentales, dicha propuesta encontró resistencias desde el Estado y el Ministerio de Educación, que la juzgaron antieconómica e inapropiada; pero gracias al papel que jugaron las poblaciones locales se logró, con el cambio presidencial de 1971, que el proyecto de creación de nuevas universidades nacionales se adoptara como política de Estado. Pero no, ciertamente, de la forma prevista por Taquini, ni mucho menos los restantes proyectos.

En este trabajo nos proponemos dar cuenta del proceso que llevó a la implementación de la propuesta de Taquini y las transformaciones que sufrió el plan original, desde que fue presentado hasta que finalmente se materializó como política de Estado entre 1971 y 1973. Asimismo, haremos especial hincapié en el papel que jugaron las comunidades locales para conseguir que sus demandas ingresaran en la agenda política. Para ello, procuraremos analizar algunos de los casos particulares de creación de nuevas universidades, haciendo énfasis en la ciudad de Río Cuarto, lugar en que se construyó la primera de ellas.

EL “PLAN TAQUINI”: NUEVAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Motivado por los resultados obtenidos por algunos organismos internacionales (OCDE-UNESCO), el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el doctor Alberto Taquini, se abocó a la elaboración de una propuesta[5] para la reestructuración del sistema de educación superior. Los primeros informes preveían que para el año 1980 la población universitaria ascendería a 287 mil 100 alumnos, correspondientes a una población estimada en 27 millones 580 mil habitantes. Pese a estas cifras alarmantes, los organismos nacionales (CONADE-CRUN) desaconsejaban, en sus informes, la creación de nuevas universidades nacionales, ya que a pesar del sobredimensionamiento de las universidades de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, otras casas de estudio no habían siquiera llegado a cubrir el mínimo de matriculados y corrían el riesgo de convertirse en unidades académicas antieconómicas (CONADE, 1968).

El proyecto de Taquini y su equipo, en cambio, sugería crear “nuevas universidades, independientes de los centros actuales de educación superior, libres de sus problemas, de orientación renovadora [para] insertarlas adecuadamente en la solución de la problemática de la Argentina del futuro” (Taquini et al., 1972: XIV). De acuerdo a su concepción, el crecimiento ilimitado de la matrícula traía aparejado un problema social que se iría agravando si no se implementaban medidas para revertir la situación de estas universidades multitudinarias. Una política de nuevas universidades lograría expandir y descentralizar la población universitaria juvenil, y hacer eco en la problemática cultural, científica y tecnológica de las diferentes zonas geográficas. Las nuevas universidades debían ser pensadas en relación a las distintas regiones del país, con una sólida educación que sirviera de base para la organización jurídica, social, política, económica y científica de cada lugar. Se debía tener en cuenta la concentración de la población y el impulso de crecimiento que traería, consecuentemente, la instalación de nuevas casas de estudio en las diferentes localidades. Si bien las nuevas universidades debían estar orientadas hacia espacios de crecimiento vegetativo de la población, se procuraría profundizar una tendencia a la descentralización.[6] Así, cabría tener en cuenta dos factores determinantes: la concentración de la población y la necesidad de impulsar el crecimiento zonal. En este marco, la propuesta consistía en la creación de cinco universidades nacionales: tres que dieran respuesta a la necesidad demográfica, y dos orientadas al desarrollo regional.

De éstas, tres estarían localizadas en el Gran Buenos Aires: la primera al sur (Universidad del Río de la Plata), en una zona de gran densidad poblacional entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata; en el oeste, la localidad escogida era Luján, ya que representaba el “vértice del movimiento actual de población hacia el norte, estando facilitada su comunicación por la actual construcción del acceso oeste y norte” (Taquini et al., 1972: 131). Por último, en la zona norte se proyectaba la creación de la Universidad del Paraná, en la ciudad de Zárate, considerado un punto geográfico fundamental “en el movimiento de norte a sur entre las ciudades de Rosario, San Nicolás, Campana y Buenos Aires, y de comunicación horizontal inmediata con el sur de la provincia de Entre Ríos por la construcción del Puente Zárate-Brazo Largo” (Taquini et al., 1972: 131). Esta última universidad ofrecería, además, la posibilidad de desarrollar la zona del norte del Delta argentino. Las universidades pensadas en respuesta a los polos de desarrollo regional, por su parte, tendrían asiento en la región patagónica y pampeana: la primera se hallaría ubicada en el extremo sur de la Patagonia, con el objeto de nacionalizar los territorios y “establecer la conquista tecnológica del área y la del territorio antártico” (Taquini et al., 1972: 135). Finalmente, la Universidad Pampeana estaría ubicada en la Ciudad de Río Cuarto, al suroeste de la provincia de Córdoba. La misma estaba concebida con el objeto de solucionar los problemas “de la expansión demográfica de la Universidad de Córdoba y… de la integración tecnológica de la zona pampeana” (Taquini et al., 1972: 134-135).

Basado en el modelo de las research universities norteamericanas, las nuevas casas de estudio estarían estructuradas en un campus y se organizarían bajo la unidad departamental, eliminando las tradicionales facultades y cátedras independientes. Construida en un área delimitada, la ciudad universitaria agruparía las distintas partes que constituyen la universidad y que configuran la vida integral universitaria: departamentos, bibliotecas, sala de espectáculos, campos de deportes, viviendas para profesores y estudiantes, entre otros (Taquini et al., 1972). Se procuraba así una mayor eficiencia administrativa y académica que brindara a la población estudiantil una formación interdisciplinaria. Asimismo, esta modernización suponía la oferta de carreras nuevas no tradicionales,[7] orientadas al desarrollo regional y con un tamaño máximo de 20 mil alumnos. Las ubicadas en zonas semiurbanas tenían como objetivo la utilización de los servicios y la infraestructura ya existentes, así como la posibilidad de unir, en el mediano plazo, dos centros urbanos de importancia (Taquini, 1970).

En síntesis, el objetivo del plan consistía en la descentralización de la matrícula en las grandes urbes y la implementación de nuevas casas de estudio en el interior del país con orientación tecnológica relacionada con las necesidades regionales. En palabras de los idearios de este plan, existía “la urgente necesidad de planificar la política a seguir durante los próximos años, a fin de asegurar la mayor eficiencia del sistema operativo de las universidades, actualmente distorsionado por la inadecuada relación del número de universidades con el de estudiantes” (Taquini et al., 1972: 138).

Pese a la urgencia de implementar una solución para los problemas que presentaba el sistema de educación superior, el plan no se incorporó como política de Estado sino hasta el año 1971. Los cambios políticos en la cúpula del gobierno de facto pueden haber retardado el proceso, pero también es posible apreciar que el plan del doctor Taquini generó contradicciones y diferencias en el interior de los círculos del Gobierno nacional y provincial, pese al inmenso apoyo que obtuvo de las poblaciones locales.

A continuación avanzaremos sobre el proceso que llevó a la creación de nuevas universidades nacionales para dar cuenta de estos aspectos, deteniéndonos especialmente en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es la que da inicio al proceso.

“UNIVERSIDADES SÍ, CASINOS NO”: LA ACCIÓN DE LA COMISIÓN PRO UNIVERSIDAD BAJO EL GOBIERNO DE ONGANÍA

Taquini expuso públicamente sus ideas por primera vez en una entrevista publicada por una revista de tiraje nacional en 1969. La nota interpelaba a las comunidades locales consideradas en el proyecto del decano, las que de manera casi inmediata comenzaron a organizarse para poder ejecutarlo. Tal fue el caso de la comisión que se conformó en Río Cuarto, ciudad ubicada al sur de la provincia de Córdoba, la cual invitó al doctor Taquini y a su equipo de colaboradores a exponer el proyecto en su ciudad en septiembre de 1969. En dicha oportunidad, éstos afirmaron que el proyecto ya había sido presentado en el CRUN y en la Secretaría de Educación y Cultura de la Nación, y que la posición del doctor Dardo Pérez Guilhou,[8] era favorable al proyecto. Asimismo, durante su conferencia de prensa insistieron en la necesidad de que la comunidad participara activamente para asegurar la materialización del proyecto, y se conformó, de manera inmediata, la Comisión Pro Universidad (Martorelli, 1991).

Pese a la afirmación de Taquini y su equipo, el secretario de Educación no estaba a favor del nuevo plan y no tardaría en pronunciarse abiertamente en contra. Consecuentemente, la petición de Taquini a las comunidades locales resultaba pertinente, ya que la acción de la población, junto con la comisión, sería de crucial importancia durante todo el proceso.

En el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), la comisión fue la que se movilizó y consiguió los primeros apoyos a la propuesta de Taquini, algunos de ellos claves para el avance del proyecto. Cabe mencionar el gobierno de Córdoba, a cargo del Comodoro (R.E.) Roberto Huerta, que desde un principio apoyó la iniciativa de crear una universidad en la ciudad sureña y bregó por ello junto con la comisión y los ideólogos del plan. En un acto público realizado con motivo del aniversario de la ciudad de Río Cuarto el 11 de noviembre, el gobernador afirmó:

Sobre lo particular no quiero silenciar, y deseo anunciar con énfasis el decidido empeño del gobierno de Córdoba para lograr, cuanto antes, la sanción del proyecto de “ley Taquini”, en cuya virtud debe ser fundada la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución que estimamos fundamental para la formación de científicos y técnicos de alto nivel (Martorelli, 1991: 44).

Idéntica situación se registró en las asociaciones locales de las otras ciudades proyectadas en el plan. Con el fin de incidir en la agenda del Ministerio de Educación, pronto se conformarían comisiones pro universidad nacional en Zárate y Luján, promovidas todas ellas por la iniciativa del doctor Taquini; sin embargo, seguía enfrentando la oposición del entonces secretario de Educación. En la reunión que sostuvo con la comisión riocuartense a fines de diciembre, el secretario expresó un fuerte rechazo hacia el proyecto por considerar que era impulsado por personas que buscaban una “promoción personal”, así como la desestabilización del secretario de Educación y su cartera. Asimismo, manifestó que la decisión no recaería en sus manos, sino en las de la Presidencia de la Nación (Martorelli, 1991).

El gobierno de Córdoba, sin embargo, no se dio por vencido, y resolvió destinar 25 millones de pesos para solventar todos los estudios necesarios. Con el fin de levantar la información que se requería participaron técnicos de la Dirección General de Investigaciones Educacionales de la provincia junto con los integrantes de las comisiones y subcomisiones de Estadísticas y Censos que estaban operando en la ciudad y en las poblaciones vecinas (Martorelli, 1991). Así, para mayo de 1970, la Comisión Pro Universidad de Río Cuarto contaba con un estudio preliminar para la creación de una nueva casa de estudios en su localidad. Pero esto no cambió la posición del secretario de Educación, lo que se hizo patente cuando la Oficina Sectorial de Desarrollo y Educación, a cargo de Norberto Fernández Lamarra, evaluó negativamente el estudio y recomendó su ampliación (Rovelli, 2008).

En este escenario, la Comisión desarrolló una nueva estrategia: frente a las reiteradas negativas por parte del Ministerio de Cultura y Educación, y contando con el pleno apoyo del gobierno provincial y local, así como del expreso aval por parte de la población riocuartense y sus alrededores, buscó conseguir una reunión con el presidente de facto, el general Juan Carlos Onganía. El objetivo era, por supuesto, evitar la mediación del secretario de Educación.

Pronto llegó la oportunidad: el 8 de marzo de 1970, la comisión, y parte de la población de Río Cuarto, aprovecharon la visita de Onganía a la localidad de Leones, ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, y se movilizaron a aquella ciudad para presentarle personalmente la propuesta al presidente (“’Universidades sí…”, 1970). En aquella ocasión, el reclamo de grupos serranos que buscaban la habilitación para construir casinos generó un gran contraste con el pedido de los riocuartenses, al punto que hicieron exclamar al presidente: “universidades sí, casinos no”. Parecía que comenzaba a gestarse la materialización del ya denominado “Plan Taquini”.

El éxito de la acción de la comisión se vería confirmado posteriormente en un acto presidencial realizado en su misma ciudad, en el que Onganía desestimó las negativas de la cartera de Educación y se comprometió a evaluar la efectiva creación de la Universidad Nacional en Río Cuarto. Insistió, de todos modos, en la necesidad de elaborar un estudio completo y resaltó que la decisión final estaría determinada por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales tras evaluar dichos informes (Martorelli, 1991).

El informe ya estaba en proceso de elaboración, por lo que la condición impuesta por Onganía no generó mayores dificultades; así se abría la posibilidad de avanzar, por el mismo camino, a las otras ciudades que ya se habían organizado para obtener su propia universidad nacional. Pero este panorama se transformaría radicalmente, al paso de los acontecimientos políticos ocurridos en Rosario y en Córdoba en mayo de 1969, que pusieron en jaque al gobierno de Onganía.[9] Frente a la insistencia de éste en continuar con el “proceso revolucionario” y su negativa a encarar una apertura política, las Fuerzas Armadas decidieron nombrar a un nuevo jefe de Estado. Ante ello, las comisiones pro universidad retrocederían, nuevamente, a la búsqueda de aprobación oficial para los proyectos. Parecía diluirse el éxito alcanzado; pero, como veremos, sucedería todo lo contrario.

LA CREACIÓN DE UNIVERSIDADES COMO INSTRUMENTO POLÍTICO: LA PRESIDENCIA DE LEVINGSTON Y EL PLAN TAQUINI

Con la asunción de Levingston se realizó un nuevo recambio en el gabinete. En la cartera de Educación, el doctor Dardo Pérez Guilhou fue desplazado y se nombró en su lugar al ingeniero José Luis Cantini. El cambio de ministro, sin embargo, no sólo no modificó la línea de trabajo de la cartera de Educación, sino que la profundizó, lo que se evidencia en la continuidad otorgada al equipo técnico encabezado por Emilio F. Mignone (Suasnábar, 2004), quien ahora ocuparía el cargo de subsecretario de Cultura y Educación. Esto implicaba que la propuesta de Taquini volvería a ser desatendida. Si bien Mignone reconocía la existencia de un plan ministerial de desarrollo universitario nacional (Rovelli, 2008), desestimaba la propuesta del doctor Taquini, al referirse a la misma como un programa de creación de universidades satélites que, aseveraba, no formaba parte del plan de su ministerio. En este sentido, José Luis Cantini[10] manifestó, en una entrevista personal, que la creación de nuevas universidades no formaba parte de la agenda de discusión durante el tiempo en que fue ministro. El único proyecto en el que se había avanzado durante el periodo de su gestión era el de la creación de la Universidad Nacional del sur cordobés, desarrollado por fuera del ámbito estatal.

Sería nuevamente el presidente de facto el que daría luz verde al proyecto; pero esta vez, con otros objetivos. En una audiencia con representantes de la Comisión Pro Universidad de Río Cuarto, Levingston había manifestado su preocupación por el problema obrero de la ciudad de Córdoba y su particular interés en la descentralización de esa universidad nacional, ya que permitiría evitar la aglomeración de los estudiantes, hecho que terminaba muchas veces afectando la tranquilidad pública. Es por ello que creía necesario incluir dicho proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad que estaba elaborando el CONADE (Martorelli, 1991).

El presidente me manifestó categóricamente que apoyaba la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto por la necesidad que existía de ese centro educacional en la región sur de la provincia de Córdoba, y que además le interesaba como medida política (Gobernador de la provincia de Córdoba, Bernardo Bas, cit. en Martorelli, 1991: 140).

Así, el “Plan Taquini” comenzaba a ser visto como instrumento político, destinado no sólo a cumplir con la descentralización universitaria y el desarrollo regional, sino también como estrategia de seguridad nacional. En este sentido, el general Juan Enrique Guglielmelli, titular del CONADE, afirmó que la universidad de la ciudad de Río Cuarto era uno de los asuntos prioritarios, por lo que suponía que la misma iniciaría sus funciones en el año 1971 (Martorelli, 1991). Consecuentemente, y antes de que finalizara su mandato, Levingston logró incluir el proyecto de nuevas universidades nacionales en el Plan Nacional elaborado por el CONADE para el quinquenio 1971-1975.

Examinemos ahora brevemente los fundamentos de este plan, para comprobar en qué medida se ajustaba a las ideas de Taquini.

NUEVAS UNIVERSIDADES NACIONALES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1971-1975

El proyecto de Taquini había servido de base para la nueva política de Estado, pero formaba parte, a su vez, de las discusiones en torno al sistema de educación superior que se venían desarrollando desde principios de la década de los sesenta. En este sentido, en el plan quinquenal se afirmaba que el proyecto cultural y educativo para este periodo debería plantearse metas y medidas que aseguraran la expansión cuantitativa del sistema junto con una profunda renovación cualitativa del mismo, “a fin de adecuarlo a las necesidades de la hora presente y a los requerimientos del desarrollo nacional”. Para ello, se proponía modernizar, descentralizar y diversificar el sistema educativo en todos sus niveles. En lo que se refiere a la educación superior, el Plan Nacional de Desarrollo postulaba el “redimensionamiento y reordenamiento geográfico de las actuales universidades… y la creación de nuevas universidades e institutos superiores que [satisficieran] la expansión demográfica y [contribuyeran] al desarrollo regional” (CONADE/CONASE, 1971: 173). En este marco, estaba prevista la creación de universidades nacionales en Río Cuarto, en el Comahue y en Lomas de Zamora para el año 1971. Asimismo, el Plan establecía que se llevaría a cabo un estudio para la futura localización de dos universidades en las zonas Metropolitana y adyacente. Por último, certificaba el reconocimiento nacional de los títulos otorgados por la universidad privada de Concepción del Uruguay y la universidad provincial Domingo Faustino Sarmiento de San Juan.

Como señala Rovelli (2008), los técnicos ministeriales se apropiaron de los lineamientos generales del proyecto de nuevas universidades de Taquini y su equipo, priorizando la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y dos instituciones en el conurbano bonaerense: la Universidad de Luján al oeste, y la Universidad de Lomas de Zamora al sur. Por su parte, la creación de la Universidad del Comahue se conformaría a partir de la universidad provincial preexistente.

No es casual que las nuevas casas de estudio proyectadas coincidieran con aquéllas en que las poblaciones locales se habían movilizado y donde se había conformado una comisión pro universidad. Como mentor de la idea de nuevas universidades en el interior del país y en puntos clave del conurbano bonaerense, Taquini había logrado situarse como mediador entre las poblaciones locales y los funcionarios del gobierno de facto. Un ejemplo de ello lo encontramos en la creación de la universidad de Lomas de Zamora, que reemplazaría a la Universidad del Río de la Plata, cuya locación original, de acuerdo a Rovelli, estaba proyectada en la localidad de Quilmes. Fue la comunidad de aquella localidad la que logró convencer al decano de Farmacia y Bioquímica de emplazar la nueva universidad en el predio de Santa Catalina de Llavallol, perteneciente al Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La Plata. Como señala Rovelli (2008), la ausencia de partidos políticos favoreció el nexo entre Taquini y el gobierno. Lo mismo ocurrió en Luján, en donde Taquini encontró una apertura y aceptación muy favorables a su proyecto y se gestionaron los medios y recursos para poder llevarlo a cabo. Otro caso significativo fue el de la Universidad Provincial de Neuquén. Si bien no estaba prevista en el plan original, desde principios de la década de los sesenta el gobierno provincial reclamaba su nacionalización, aludiendo un déficit presupuestario para afrontar los gastos de una institución que en el último tiempo había aumentado considerablemente su matrícula. También allí se hizo presente Taquini, y comenzó a tomar fuerza la idea de nacionalizar esta universidad, aprovechando la particularidad de que desde sus orígenes se había proyectado como una institución regional, con algunas sedes en diferentes localidades de la misma provincia y otras en Río Negro. De este modo, con recursos nacionales, y en el marco del proyecto de creación de nuevas universidades nacionales, se podría conformar la Universidad del Comahue.

Sin embargo, cuando la creación de nuevas universidades se configuraba como nueva política de Estado, el gobierno recibió más de una decena de peticiones, la mayoría de las cuales no estaban contempladas en el plan inicial ni previstas en el corto plazo. Consecuentemente, en los estudios de factibilidad presentados para la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Taquini advertía que la política universitaria incluida en el Plan Nacional de Desarrollo debía “ser llevada adelante tomando todas las previsiones necesarias para que las altas casas de estudios a crearse sean de positiva calidad”. En este sentido, insistía en que “nada se lograría en beneficio del país con fundar universidades [sin tener] una clara concepción de lo que son sus fines en lo regional y nacional [y no se llegara a] arbitrar las providencias para asegurarles una real eficiencia operativa” y ratificaba sus ideas añadiendo que el régimen legal universitario a instaurarse debería “asegurar a cada universidad nueva la posibilidad de organizarse según las reales necesidades de la región en que se funde, adoptando una estructura académica ágil y una organización administrativa eficiente” (Taquini, 1971: 197). Manifestaba, por último, la necesidad de llevar a cabo un estudio de factibilidad a nivel nacional para elegir los lugares “realmente efectivos para la creación de nuevas universidades, de modo tal que esta expresión de una nueva política esté armónicamente integrada con los planes generales de desarrollo del país” (Taquini, 1971: 198).

Las advertencias de Taquini respondían al aluvión de peticiones de creación de nuevas universidades nacionales que llegaban desde distintos rincones del país. Lo mismo sostenía el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN), ya que consideraba que la creación de nuevas universidades en diferentes partes del país, sin una clara planificación, podría culminar en un conjunto de unidades ineficientes y antieconómicas (Mendonça, 2014a). De acuerdo a Mignone, tanto él como Cantini simpatizaban con el movimiento que llevaría a la ampliación del sistema de educación superior, pero creían conveniente actuar con prudencia, garantizando en cada caso la necesidad y la viabilidad de los establecimientos que se proyectaban (Mignone, 1992).

El escenario político volvió a transformarse con otra violenta manifestación social: el viborazo[11] o segundo cordobazo, motivada por la asunción de José Camilo Uriburu como gobernador de la provincia de Córdoba. Este hecho le costó la presidencia a Levingston, y las Fuerzas Armadas designaron en su lugar a Lanusse, que cargaría con la difícil tarea de gestionar la apertura democrática. Bajo su mandato comenzaría a tomar forma el proceso de creación de nuevas universidades. Pero no, ciertamente, la contemplada inicialmente.

LANUSSE Y LA POLÍTICA DE NUEVAS UNIVERSIDADES NACIONALES

La política universitaria tomó un nuevo giro bajo la presidencia de Lanusse, quien pronto anunciaría la creación de más universidades de las que estaban contempladas originariamente en el proyecto de Taquini,[12] posteriormente consensuadas con los ministros de Levingston, e integradas en el plan quinquenal. Consecuentemente, tanto Mignone como Cantini acabarían por renunciar (Mignone, 1992).

Ya inserto en la agenda política del gobierno, el proceso adquirió un acelerado ritmo junto con el aumento de las presiones provinciales por crear universidades nacionales en todo el país, y obligó al gobierno nacional a exigir “estudios de factibilidad” que justificaran la solicitud. Consecuentemente, desde el Ministerio de Educación, a cargo del doctor Gustavo Malek desde el mes de mayo, se elaboraron, junto a un equipo de técnicos, las “Pautas de creación para universidades nacionales”. Éstas respondían a la demanda compulsiva de nuevos establecimientos y pretendían “ordenar y sugerir procedimientos para estructurar y presentar proyectos de creación de instituciones universitarias”. Para ello, proponían la conformación de una “comisión de expertos” para la realización de los estudios, en la cual estuvieran representadas “las provincias interesadas, el o los grupos promotores y los organismos nacionales involucrados” (Ministerio de Cultura y Educación, 1972: 1). Asimismo, se comprometían a prestar apoyo técnico y administrativo a cada una de las comisiones.

Las exigencias que las comisiones debían cumplir estaban divididas en dos etapas: en la primera de ellas debían presentar un estudio de “viabilidad” del proyecto. La aprobación de dicho estudio, sin embargo, sólo habilitaba a los expertos a continuar hacia la segunda etapa, en la cual debían elaborar un “Documento básico” conformado por un “diagnóstico del campo de aplicación y de la estructura institucional del proyecto”. Allí debían incorporar los fines y objetivos, las funciones y la zona de influencia de la nueva institución (Ministerio de Cultura y Educación, 1972). Con ello se les exigía la elaboración de un documento de trabajo extenso y exhaustivo en donde se justificara la creación de una nueva universidad nacional.

Río Cuarto, como hemos visto, encabezaba la lista, puesto que tras haber presentado los estudios correspondientes, ya en octubre de 1970 el CRUN había aprobado el proyecto; no obstante, solicitaron la realización de un informe final completo, en donde se incluyeran costos, presupuesto y estructuración definitiva (Martorelli, 1991). Este requisito, empero, no se constituyó en un problema, ya que desde 1969 el gobierno provincial había apoyado el proyecto y, por medio de la Dirección de Investigaciones Educacionales de la provincia, había trabajado para cumplir con todas las pautas establecidas.

No fue el caso de las demás localidades que se interesaron por la posibilidad de obtener su propia universidad. Para estos nuevos proyectos, el principal problema radicaba en el tiempo establecido para su elaboración. Las exigencias que se presentaban requerían un estudio de la localidad y la zona de influencia, lo que excedía el ámbito meramente educativo: debían presentar información relativa a las características productivas de la zona, las características demográficas, sociales y culturales de la región y cómo se adecuaría la nueva universidad a las mismas, evaluando la influencia que tendría de manera directa e indirecta y su potencialidad. Ello requería, necesariamente, un trabajo extenso, pero el plazo establecido por el Ministerio era de 120 días. Una consecuencia clara de ello fue la disparidad entre los trabajos presentados por las diferentes comisiones, ya que si bien algunas pudieron cumplir con todos los requisitos, otras sólo pudieron elaborar un primer informe; así, mientras que la UNRC completó el primer estudio elaborado por la Secretaría de Investigación Educacional de la provincia de Córdoba con un total de ocho tomos, Santiago del Estero, por ejemplo, contó con un sólo Documento básico (Mendonça, 2014).

La verdadera cuenta regresiva, sin embargo, respondía menos al plazo establecido que a la coyuntura política. Si bien las comunidades se encontraban por primera vez frente a un gobierno que parecía receptivo ante sus demandas, los continuos cambios políticos no parecían asegurarle el tiempo necesario para atenderlas. Se trataba de una carrera contra el tiempo. Como sostiene Rovelli (2008), la creencia en un posible colapso del régimen marcó el ritmo de la expansión universitaria y contribuyó a acelerar el proceso de creación de algunas casas de estudio. Podemos encontrar un ejemplo claro de ello en la Universidad Nacional de Luján:

…las circunstancias aconsejaban proceder con rapidez para ejecutar las restantes disposiciones de la ley 20.031. El periodo militar llegaba a su fin. El 17 de septiembre de 1971 el presidente de facto Lanusse había anunciado que el 25 de marzo de 1973 se realizarían las elecciones generales y que las nuevas autoridades asumirían sus cargos el 25 de mayo del mismo año. Nada garantizaba que el gobierno constitucional ratificara las decisiones del régimen anterior, salvo que las mismas tuvieran principio de ejecución, promoviendo intereses para mantenerlas (Mignone, 1992: 45).

En consecuencia, el extenso proceso de evaluación por el que había atravesado la comunidad cordobesa hasta ver aprobada su solicitud, no tendría correlato en muchas de las restantes situaciones. Algunas de ellas, tal como vimos, contaron con el apoyo de comisiones pro universidad desde el principio, como sucedería posteriormente en Lomas de Zamora y Luján, que formaban parte del proyecto original de Taquini. Otras, en cambio, aprovecharon el momento para hacer cumplir un viejo reclamo referido a la educación superior. Tal es el caso de Neuquén, que aludiendo problemas de presupuesto, venía bregando por la nacionalización de su universidad provincial. Asimismo, Santiago del Estero y Catamarca insistirían con una antigua petición, presentada a principios de la década de 1960, de crear una universidad nacional interprovincial. La solicitud no tuvo éxito en su momento, pero logró materializarse con la nueva coyuntura política abierta con el gobierno de Lanusse. Paralelamente, surgieron proyectos de universidades nacionales previamente impensadas, como el caso de las provincias de Salta, Misiones, Entre Ríos y San Luis. Asimismo, se crearon universidades provinciales como las de La Rioja y Jujuy. La creación de esta última fue solicitada en 1971, y se aprobó con la condición de que las autoridades provinciales enfrentaran los gastos con su propio presupuesto, y que en el término de un año la universidad pasara a manos de la nación (UNJu, 2004). La Universidad de La Rioja, en cambio, recién fue nacionalizada en la década del noventa. Hacia 1973 finalmente se nacionalizarían las universidades provinciales de La Pampa, San Juan y Mar del Plata.

Así, el segundo proceso de reestructuración más importante del sistema de educación superior del país se cerraba de una forma que excedía con creces los proyectos originales. Aunque con algunas modificaciones, el plan de Taquini había alcanzado a colarse en la agenda política durante el gobierno de Levingston. Como hemos visto, sin embargo, sus ministros no consideraban la creación de nuevas universidades sino que, por el contrario, las alternativas propuestas se limitaban a presentar algunos cambios académicos y administrativos, tales como la reorganización de las facultades en departamentos, la implementación de carreras cortas, y la dedicación exclusiva de profesores, entre otros. Todo ello, ciertamente, reproducía el perfil represivo que había caracterizado la política universitaria de Onganía.

Con la llegada de Lanusse a la presidencia, la orientación política del gobierno de facto cambió su rumbo. Lejos de intentar “profundizar la revolución”, el nuevo Jefe de Estado sentó la bases para una apertura política. En el marco del Gran Acuerdo Nacional, y de cara a las elecciones de 1973, comenzó a entablar un diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, dentro de los cuales se encontraban las poblaciones locales que esperaban a que se concretara la materialización de la universidad nacional en sus respectivas ciudades.

Lanusse inició una política educativa que transformó y reconfiguró el sistema de educación superior en el país; enarboló las ideas de la época, y proyectó un desarrollo regional en los diferentes polos económicos del país. A las cinco universidades proyectadas originalmente se sumaron cuatro nuevas y otras cuatro nacionalizaciones, lo que significaba una importante transformación de los proyectos originales.

Ciertamente, no fue ésta una idea original de Lanusse. Para comprender la forma concreta en que se realizó este proceso resta aún analizar otro elemento: la acción de las poblaciones locales, organizadas en comisiones pro-universidad.

Las comisiones estaban compuestas por diferentes sectores: empresarios, comerciantes, grupos profesionales, estudiantes secundarios, entre otros.[13] Así lo testimonian los libros escritos en conmemoración a un nuevo aniversario de las casas de estudio creadas a principios de la década del setenta. Tales son los casos de la Universidad Nacional del Comahue (Bandieri, 1998), la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu, 2004), la Universidad Nacional de Luján (Mignone, 1992) y La Universidad Nacional de Río Cuarto (Martorelli, 1991).

Por cierto, la multiplicación de las universidades proyectadas no fue el único cambio en los planes originales. La presión de las comunidades locales que intervinieron en el proceso pronto fue modificando los objetivos iniciales del proyecto. Los grupos sociales —especialmente los colegios profesionales— de cada localidad presionaron para acceder a cargos docentes y no docentes dentro de la institución, que muchas veces acabó por ser el mayor empleador de la zona. La presión por acceder a dichos cargos, asimismo, debilitó desde el principio la idea de descartar las carreras profesionales tradicionales (Cano, 1985). Los profesionales con cierto prestigio político local, y la población, presionaban para obtener facultades con carreras que permitieran a sus hijos obtener títulos de carreras tradicionales, tales como abogacía, medicina, arquitectura e ingeniería. Esta situación no era la deseada por Taquini y su equipo, y tampoco era lo que se proponía en el Plan Nacional quinquenal; sin embargo, al poco tiempo, las nuevas universidades se mimetizaron con las casas de altos estudios más antiguas y tradicionales del país.

LAS NUEVAS UNIVERSIDADES EFECTIVAMENTE CREADAS

La inspiración de Taquini provenía del proyecto universitario de Joaquín V. González, quien en 1905 había creado la Universidad Nacional de La Plata bajo el modelo estadounidense. En aquella oportunidad, al igual que en la década de los setenta, buscaba alejarse del perfil institucional a partir del cual se había erigido la universidad argentina, esto es, el modelo francés napoleónico, con una orientación curricular de corte profesionalista y una organización académica basada en el sistema de facultades y cátedras independientes entre sí. La nueva universidad, entonces, debía diferenciarse de las ya existentes en su orientación curricular, sus funciones, los métodos de estudio y los sistemas de gobierno (Buchbinder, 2005). De este modo, el proyecto tenía una clara orientación científica y técnica, y le otorgaba un lugar importante a la investigación.

En este marco teórico pedagógico se proyectó la UNRC, reforzada a su vez con el interés nacional de desarrollar la zona pampeana como polo económico. La nueva universidad fue concebida como una institución moderna en su estructura académica y administrativa, y orientada a dar respuestas a las exigencias de la región. Se proyectaba una institución con un total de 10 mil alumnos en la primera etapa, cifra basada en dos cálculos: en primer lugar, la población total del área de influencia era de un millón de habitantes, de los cuales se estimaba que el 1 por ciento ingresaría a la universidad. En segundo lugar, se estimaba que 1 de cada 4 alumnos del secundario ingresaban a la universidad, y en ese momento había un promedio de 39 mil estudiantes en dicha condición. De este modo, la puesta en marcha se calculaba para el año 1972 con un total de 800 alumnos, 300 de los cuales provendrían de la Universidad del Centro.[14] El esquema a desarrollar incluía los departamentos de Matemáticas, Biología, Química y Ciencias Sociales, con dos áreas de salida: la primera sería Agronomía y Veterinaria, y la segunda Tecnología e Industrias (Taquini, 1971).

El proyecto inicial establecía carreras cortas de dos o tres años para la formación de técnicos en Lechería, Maquinarias Agrícolas, Riego, Computación, Estadística, etc.; las carreras intermedias proyectadas eran las de Médico Veterinario e Ingeniería Agronómica e Ingeniería Industrial, Electrónica, etc. El principal motor, entonces, era la promoción de la investigación científica básica puesta al servicio de la producción regional (Martorelli, 1991). De este modo, en un campus universitario, y bajo la modalidad de departamentos, comenzó a funcionar en 1972 la primera nueva universidad de la década.

El mismo impulso tuvieron las demás casas de estudio del periodo. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, tras la nacionalización, la institución pasó a denominarse Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Se ponía de manifiesto, así, el carácter regional y descentralizador de la misma, con una sede central en la capital provincial y diferentes facultades, departamentos, escuelas, institutos y demás dependencias distribuidos en el interior de Neuquén y Río Negro, para garantizar así la óptima utilización de los recursos de toda índole de que se dispusiera en el área de influencia (“Creación de la Universidad…”, 1971). En la sede central se construyó un campus universitario que cumplía con los cánones de modernización del periodo: los pabellones contarían con aulas, salón de dibujo, laboratorios, institutos de investigación, una biblioteca, un comedor estudiantil, la sede del rectorado e instalaciones administrativas y sanitarias. A diferencia de la UNRC, esta nueva casa de estudios se erigió sobre la base de institutos ya en funcionamiento y adoptó una estructura mixta de facultades y departamentos. Las carreras existentes en la Universidad Provincial del Neuquén, así como los diferentes institutos superiores ubicados en la provincia de Río Negro, pasaron a formar parte de la nueva casa de estudios, muchos de los cuales habían sido pensados en clave desarrollista, por lo que el perfil de los egresados se amplió y se fortaleció para su posterior incorporación a la estructura productiva de la zona.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) comenzó su ciclo lectivo ofreciendo la licenciatura en Administración, Ingeniería Rural y Comunicación Social. A su vez, en el estudio de factibilidad se proyectaba la posibilidad de establecer convenios con la UBA y la UNLP, con el fin de agregar a su oferta el dictado de las llamadas carreras tradicionales: Medicina, Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería y Arquitectura (Rovelli, 2008).

Por su parte, la Universidad de Luján (UNLu), creada en 1972, estuvo pensada como alternativa a la gran afluencia de estudiantes que comprendía el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta la universidad capitalina. En este sentido, y en vista de que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora cumpliría con el objeto de descongestionar la matrícula universitaria afluente de la zona sur, la UNLu sería clave para cumplir dicha tarea en la zona oeste del conurbano bonaerense (Morón, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Escobar, General Sarmiento, Junín, Chacabuco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Campana, Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz y Zárate, entre otros). Del total de la población de la zona de influencia, se calculaba una demanda potencial de alumnos universitarios que superaría los 16 mil. Aprovechando la donación del Instituto Ángel T. de Alvear por parte del Ministerio de Bienestar Social, la UNLu se proyectaba siguiendo el modelo de los centros universitarios modernos ya existentes en el país: un conglomerado integrado por residencias estudiantiles, un campo de deportes, una biblioteca, entre otros. La estructura académica, por su parte, se organizaría bajo departamentos, con el fin de promover las relaciones interdisciplinarias y el abaratamiento de costos mediante la centralización de servicios. Asimismo, la oferta académica estaría dividida en dos grandes áreas de investigación científica: la primera relacionada con los problemas de la producción, transformación y comercialización de los productos del agro, con especial referencia a las Ciencias de la Alimentación; y la segunda orientada a las Ciencias Sociales, poniendo especial énfasis en las problemáticas de minoridad y familia (Comisión Pro Universidad Nacional de Luján, 1971).

En el mismo año se creó la Universidad Nacional de Catamarca sobre la base de tres institutos preexistentes: el Instituto Nacional Superior de Profesorado, la Escuela Industrial ENET N° 1, y la Escuela Normal de Maestros. Se procuraba conformar un centro de formación y desarrollo científico que potenciara el campo productivo ligado a los potenciales regionales. Así, se proyectaron carreras ligadas al desarrollo minero, la producción agrícola en suelos áridos y semiáridos, la investigación de enfermedades endémicas, estudios acerca de la educación en zonas rurales —especialmente en la Puna y en la alta montaña— orientación psicológica y vocacional, y educación técnica (Guillamondegui y Cejas, 2008). Esta universidad se organizó bajo la modalidad departamental, pero no logró conformarse como campus universitario. Si bien se erigió sobre un predio muy amplio, el mismo nunca dejó de pertenecer a la escuela media, y a la fecha el edificio sigue compartiendo las instalaciones, lo que dificulta la disponibilidad horaria y el uso pleno de la infraestructura por parte del alumnado universitario.

Por su parte, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) comparte una particularidad con dos nuevas casas de estudio de este periodo: por un lado, el antecedente por crear la “Universidad del Centro” junto con su provincia vecina (recién expuesto), y por el otro, la particularidad que tuvo también la Universidad Nacional de Salta (UNSa), esto es, que ambas albergaban en sus territorios facultades pertenecientes a otras casas de estudios del país. En el caso de la UNSE, se había radicado allí en 1958 la Facultad de Ingeniería Forestal, perteneciente a la universidad cordobesa. En Salta, por su parte, se encontraban facultades e institutos pertenecientes a la Universidad Tucumana. Ambas, sin embargo, adoptaron el modelo universitario moderno y flexible que marcó el perfil educativo superior de esos años. La UNSE proyectó su organización académica orientada en el desarrollo regional y sus zonas de influencia, ofreciendo diferentes ingenierías (vial, hidráulica, electromecánica, en agrimensura, forestal, en industrias forestales, agrónomas y zootécnicas, y en industrias agrícolas y alimentarias); se crearon carreras cortas, como las de Técnico en Hidrología Subterránea, Técnico Bancario, Técnico en Administración Pública, Enfermería Universitaria y Educador Sanitario. Con ello, la estructura departamental estaba organizada en tres ejes: Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Tecnología y Producción (Ledesma, 2011). En el caso de la UNSa, se procuró modernizar los institutos tucumanos para cumplir con los requisitos impuestos por el gobierno:

Los ajustó a la nueva dinámica estructural; en muchos casos reactualizó sus programas de estudios y en otros los dejó, con una exigencia inmediata de cambio y dio las soluciones para mejorar y cubrir sus necesidades en equipos, material didáctico y planta docente (Universidad Nacional de Salta, 1972).

A MODO DE CIERRE

Durante el periodo de la autodenominada “revolución argentina”, el sistema de educación superior se reconfiguró de manera significativa. De nueve universidades nacionales existentes en 1966, Argentina pasó a tener un total de 21 en 1973. Este proceso continuó durante el periodo democrático abierto después de las elecciones de septiembre, y se vio interrumpido tras el nuevo golpe de Estado y el comienzo de la dictadura militar de 1976. Fue una de las transformaciones más importantes que se llevaron a cabo en el país desde 1956, cuando se abría la puerta a la creación de universidades privadas y se creaban otras nuevas de carácter público. Lo llamativo del caso, a su vez, es que ésta se dio en el marco de un gobierno militar que se propuso entre sus objetivos “normalizar” a las casas de altos estudios por considerarlas focos de “infiltración comunista” que amenazaban a la nación. Consecuentemente, las fuerzas armadas que destituyeron a Illia del poder se abocaron a “restituir el orden”, ya que el desorden había causado tanto “daño” al país.

Las políticas de “normalización” que se adoptaron en las diferentes casas de estudio tenían como principal objetivo, además de “restituir el orden”, implementar cambios modernizadores que se adecuaran a las necesidades presentes y futuras del país. Los intentos truncos por cumplir con los objetivos de “normalizar” y “modernizar” las universidades se pusieron de manifiesto a partir de 1968, cuando las movilizaciones y agitaciones estudiantiles comenzaron a tomar fuerza.

En este marco, salieron a la luz los diagnósticos sobre la situación educativa del país elaborados por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). Allí se daba cuenta de la situación particular por la que estaban atravesando las universidades argentinas. El proceso de masificación iniciado a mediados de siglo había puesto en jaque el funcionamiento académico y administrativo de las instituciones; consecuentemente, debía tomarse una solución inmediata para hacer frente a la crisis que atravesaba el sistema de educación superior. A la par, surgieron diferentes proyectos que, frente a ese mismo diagnóstico, presentaban alternativas diferentes, entre ellos, el denominado “Plan Taquini” que hemos analizado en este trabajo.

Como hemos visto, estos proyectos generaron discusiones en el interior del gobierno, a nivel nacional, provincial y local, así como entre los miembros de los diferentes organismos oficiales encargados del área educativa. Los cambios permanentes en el gobierno y en la cartera de educación (Gelly y Obes, Astigueta, Pérez Gilhou, Cantini, Malek) repercutieron en la toma de decisiones gubernamentales en torno a la creación de nuevas universidades nacionales en el interior del país.

Tal como pudimos apreciar, hubo tres momentos clave en el desarrollo y puesta en marcha del proceso de creación de nuevas universidades nacionales que había propuesto el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA: un primer momento en que se negó la posibilidad siquiera de analizar su propuesta; un segundo momento en el que, tras los acontecimiento de Córdoba y Rosario, se consideró la posibilidad de crear nuevas casas de estudio como un instrumento político que permitiera la descentralización y, consecuentemente, la despolitización de los estudiantes en las universidades más pobladas; y un tercer momento en el que se dio inicio —con algunas modificaciones a la idea original— a la creación de nuevas casas de estudio en diferentes partes del país.

En este trabajo hemos intentado dilucidar las discusiones internas que generó el plan de Taquini y las repercusiones que el mismo tuvo en las poblaciones locales que se vieron interpeladas por el plan original. Asimismo, hemos intentado demostrar los cambios que sufrió la idea original del Dr. Taquini respecto del que más adelante se llevó a cabo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad Nacional (1971-1975). En este sentido, vimos cómo intervinieron diversos factores, que muchas veces excedieron las iniciativas gubernamentales y, consecuentemente, cambiaron el objetivo principal de las nuevas casas de estudio, así como la función que las mismas deberían tener. Todas las universidades creadas entre 1971 y 1973 tuvieron un denominador común: fueron construidas bajo el impulso modernizador orientado al desarrollo regional propio del periodo. Podemos apreciar, de este modo, la oferta de carreras nuevas y cortas con un claro objetivo orientado al desarrollo regional. Con ello, a su vez, se cumplía con uno de los fines de la creación de nuevas universidades nacionales, al descentralizar a las tradicionales. Sin embargo, la forma en que estos proyectos se materializaron da cuenta del carácter improvisado y desorganizado que primó entre aquellas casas de altos estudios que no estaban previstas, ni en el proyecto de Taquini, ni en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, en el mismo periodo se nacionalizaron universidades provinciales, con lo cual se desviaba por completo el sentido originario de la política. El reclamo de la mayoría de las casas de estudio provinciales refería a cuestiones presupuestarias, ya que el aumento de la población estudiantil en los últimos años dificultaba el normal desarrollo de las actividades.

La multiplicación de institutos universitarios a lo largo y ancho del país en tan breve lapso, sin embargo, obvió las advertencias del CONADE y del CRUN respecto a la multiplicación de las altas casas de estudio y los problemas que las mismas traerían aparejados. El principal problema que los organismos habían expuesto en años anteriores refería a la falta de profesores capaces de ocupar el cargo en las nuevas instituciones: en el caso de la UNRC, por ejemplo, el primer plantel docente emigró hacia dicha localidad desde la provincia de Buenos Aires. Por cierto, las universidades de otras partes del país no tuvieron la misma suerte y comenzaron sus actividades universitarias con muchos docentes que habían egresado de institutos terciarios, lo que terminó, en el largo plazo, por debilitarlas. De este modo, el sistema de educación superior aumentó cuantitativamente, pero no cualitativamente, a pesar de los fuertes intentos modernizadores y la nueva oferta de carreras. Asimismo, no logró articularse, como estaba previsto, con transformaciones estructurales más amplias, lo que atentaba contra los principios que habían sustentado inicialmente el proyecto, y que consideraban a la educación como productora del desarrollo regional y, consecuentemente, nacional.

REFERENCIAS

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“’Universidades sí, casinos no’, dijo Onganía en Leones”, (1970, 9 de marzo), Diario El Pueblo.

NOTAS

1 Mediante el decreto Nº 7.290 se creó, en el año 1961, el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). El organismo, dependiente de la Presidencia, tenía como finalidad la programación y planificación de políticas para el desarrollo. Tres años después se creó un sector dedicado exclusivamente al análisis educativo (De Luca y Álvarez Prieto, 2013). El objetivo del equipo técnico consistía en elaborar un diagnóstico de la situación educativa en el país y desarrollar una planificación a seguir en el mediano y largo plazo. A pesar de los vaivenes políticos de la época, y los cambios internos en las estructuras gubernamentales, el Sector Educación del CONADE se mantuvo tras el golpe de Estado de 1966 y los resultados del trabajo elaborado fueron expuestos durante el gobierno de Onganía.

2 Para un análisis más detallado del proyecto del abogado Raúl Devoto véase: Mendonça, 2014b.

3 A lo largo del texto, todas las alusiones a Taquini corresponden al doctor Alberto Taquini hijo.

4 Un análisis de estos debates puede hallarse en Mendonça, 2014a.

5 Un proyecto anterior había sido presentado en 1968 en un congreso que se realizó en Chilecito, La Rioja, a fin de discutir la “modernización de las instituciones políticas en la Argentina”. En aquella oportunidad el trabajo que presentó se titulaba “El Estado, la educación y el desarrollo científico y técnico”, en donde se abordaba principalmente la necesidad de implementar una nueva política universitaria que estuviera basada en la creación de nuevas instituciones de educación superior. Apuntaba, específicamente, a hacer frente a la expansión de la población universitaria y a la problemática cultural, científica y tecnológica de las diferentes zonas del país (Taquini et al., 1972). La buena recepción que tuvo su exposición lo motivó a seguir trabajando en la temática, hasta llegar a publicar, en 1971, “Nuevas universidades para un nuevo país”, en donde desarrolla y profundiza el trabajo de 1968.

6 Queremos señalar que el proceso de descentralización universitaria, si bien formó parte de la política educativa del gobierno de facto de la “revolución argentina”, no se vincula con la descentralización que se llevó a cabo en las escuelas primarias durante estos años con la sanción de la Ley 17.878. Dicha política, basada en un criterio de eficiencia, procuraba garantizar la descentralización de la conducción y administración escolar. De este modo, se hicieron traspasos de establecimientos, docentes y alumnos de la Nación hacia las provincias (Southwell y De Luca, 2008).

7 Las carreras tradicionales hacen referencia a aquéllas que otorgan títulos habilitantes para desarrollar profesiones consideradas clásicamente como liberales, tales como la Medicina y el Derecho. En Argentina, estas carreras universitarias son las más antiguas y las que mayor número de matriculados tienen. Las nuevas carreras propuestas, entonces, pretendían reorientar la matrícula hacia carreras técnicas y científicas de menor duración. Con ello se procuraba aumentar el número de egresados y formar recursos humanos que pudieran dar respuesta a las necesidades del desarrollo regional.

8 Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata en 1949. Fue Ministro de Educación entre el 16 de junio de 1969 y el 8 de junio de 1970.

9 El cordobazo de mayo de 1969 fue la culminación de un proceso que se venía gestando desde principios de la década y que marcó un punto de inflexión en la política del régimen de facto (Brennan y Gordillo, 2008). El movimiento estudiantil y el movimiento obrero coincidieron en una acción política que constituiría el principio del fin para el gobierno de Onganía. Los reclamos corporativistas de ambos grupos se desdibujaron lentamente y se forjaron en una lucha más radical, que comenzó con un fuerte reclamo contra el gobierno militar considerado ilegal e ilegítimo. El descontento social era manifiesto y develaba el deterioro y fracaso de la política económica de Krieger Vasena y, consecuentemente, el de la dictadura de Onganía.

10 José Luis Cantini era abogado. Fue vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional (1963-1966), rector de las Universidades Nacionales del Litoral (1967-1968) y de Rosario (1968-1970) y Ministro de Cultura y Educación de la Nación (1970-1971).

11 El 7 de marzo, en la localidad de Leones, al referirse a la situación de su provincia, el gobernador Uriburu manifestó que se había desarrollado una conspiración marxista y prometía emplear toda su autoridad para combatirla. Específicamente dijo que había “una venenosa serpiente que quizá Dios me depone el honor histórico de cortar de un solo tajo” (Potash, 1994: 225).

12 Ya desde antes de llegar a la presidencia, Lanusse había manifestado interés por crear nuevas universidades nacionales. En el acto del general Onganía en la ciudad de Río Cuarto, en el que la población le reclamó la sanción de la ley para la creación de la universidad nacional en dicha localidad, fue él, entonces Comandante en Jefe, quien le sugirió al presidente que les diera una respuesta afirmativa. De acuerdo al testimonio de Martorelli (1991), Lanusse le habría dicho a Onganía “digales que sí, digales que sí”. Asimismo, cabe señalar los ejes dedicados a la educación superior que fueron expuestos en un conjunto de Políticas Nacionales (Boletín Oficial 29/07/70), elaboradas por el CONADE, el CONASE y el CONACYT, y aprobadas por la Junta de Comandantes en Jefe, integrada en su momento por el general Lanusse, el almirante Gnavi y el brigadier Rey. En el mismo pretenden “convertir las universidades en centros vivos y dinámicos de investigación y estudio, creadores y transmisores de cultura…; participación activa de la universidad en la problemática del desarrollo y la seguridad; vinculación estrecha de la universidad con el resto del sistema educativo; [y efectuar un] redimensionamiento de la universidad de acuerdo con las necesidades del país y exigencias técnicas de eficiencia” (art. 31º, 32º y 33º).

13 Para un análisis más detallado del rol que jugaron la población local y la Comisión Pro Universidad en la localidad de Río Cuarto, véase Mendonça, 2010.

14 Se trata de una institución privada creada en 1962 en la ciudad de Río Cuarto con una orientación agrotécnica. En la misma había cuatro facultades: Agronomía, Ciencias Económicas, Ingeniería y Trabajo Social.

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La creación de nuevas universidades nacionales en la década de los años setenta