Las trampas de la Ley

Los Archivos Históricos, fantasmas del Sistema Nacional de Archivos

Clara Inés Ramírez González
Coordinadora del AHUNAM-IISUE

El pasado 16 de diciembre de 2016, el Consejo Universitario de la UNAM se pronunció sobre el proceso de aprobación de una Ley General de Archivos emitido por el Poder Ejecutivo Nacional. En el documento universitario se consideró, entre otras cosas, que “es decisivo que se realice una amplia consulta a la sociedad y a la academia y se genere un proceso de deliberación público y abierto”. Como Coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM, ofrezco las siguientes consideraciones para ampliar las variables del análisis que viene construyéndose sobre el tema.

La iniciativa de Ley General de Archivos que se discute en el Senado de la República contempla la instauración de un Sistema Nacional de Archivos que reconoce que los Archivos históricos son “públicos y de interés general”, y que sus documentos “no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales” (Art. 36). Se ha sugerido con insistencia la necesidad de que la Ley declare, además, que los Archivos históricos son fuentes de acceso público. Sin embargo, éste no es el principal problema que enfrentan los Archivos históricos frente a la propuesta de Ley General de Archivos.

El problema fundamental radica en que la nueva Ley General de Archivos sancionará un Sistema Nacional de Archivos sin archivos históricos. Según el censo elaborado por el Archivo General de la Nación (AGN), en palabras de la directora del Sistema Nacional de Archivos, en México existen 303 archivos, de los que sólo 14 son Archivos Históricos; es decir, sólo 4.6 por ciento de los archivos nacionales son archivos históricos. Así que la liberalidad que se ofrece en el Artículo 36 de la propuesta de Ley, y la que conseguiríamos de decretarse que los archivos históricos son de acceso público, sólo sería válida para unos cuantos archivos históricos, muchos de ellos, universitarios.

En efecto, el Archivo General de la Nación, repositorio de la mayor cantidad de documentos históricos en México, no está definido como un archivo histórico y, por tanto, para la Ley, no es un archivo histórico. No estará sometido al Artículo 36 de la Ley, por lo que sus documentos no serán públicos y podrán permanecer reservados. Por ejemplo, podrían clasificarse como reservados documentos producidos por el Tribunal de la Inquisición durante el siglo XVI; y aunque parece un disparate, lo permitiría la Ley. Tampoco existe legalmente un Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia, ni del Archivo de Notarías…

Los archivos históricos son garante de la memoria nacional, y la memoria es un requisito para ser un país fuerte y autónomo. Decía Jacques Derrida en su obra Mal de archivo, que los archivos guardaban la memoria como el más grande impulso de vida frente a la pulsión de muerte que atrae a los seres humanos. Pero, además, y por si fuera poco, los archivos históricos son fundamentales para asegurar el buen funcionamiento de la democracia, pues son garantes del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, el que, a su vez, posibilita la transparencia en el ejercicio del poder.

Los documentos que se manipulan diariamente, se almacenan en un archivo administrativo, de donde deben pasar, a través de una transferencia primaria, a un archivo de concentración y, de allí, por una transferencia secundaria, a un archivo histórico. Si no ocurren adecuadamente estas transferencias, los archivos se saturan y no es posible acceder a la información. Es una situación crítica que nos resulta conocida a quienes trabajamos con archivos. Podríamos pensar entonces que la iniciativa de Ley General de Archivos que hoy discutimos prevé el crecimiento y la creación de nuevos archivos históricos, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos que propicie el flujo adecuado de la documentación. Desgraciadamente, tampoco es así.

La iniciativa de Ley General de Archivos no prevé la creación de nuevos archivos históricos. En el Capítulo III, la Ley prevé la creación de archivos generales en los estados (Art. 65), pero no la de archivos históricos. En cambio, la existencia de un archivo histórico queda supeditada a “la capacidad presupuestal y técnica del sujeto obligado”. Recordemos que la Ley considerará sujetos obligados a “los Poderes de la Unión en sus diversos órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, tribunales especializados, así como toda persona física o moral que administre recursos públicos y realice actos equivalentes de autoridad” (Prolegómenos de la iniciativa, p. 5). Ninguno de estos agentes está obligado a tener un archivo histórico, el único tipo de repositorio que se considera de interés público y general y que no puede calisificar su documentación como reservada o confidencial. Así las cosas, como público general, como ciudadanos, no podremos saber cómo se han administrado los recursos públicos ni cómo se ha ejercido la autoridad en nuestro país.

Podría pensarse, entonces, que la Ley prevé que la documentación considerada histórica se transfiera a un archivo histórico, pero tampoco es así. La iniciativa contempla, en su artículo 33, que “Los sujetos obligados que no cuenten con Archivo histórico […] deberán transferir sus documentos con valor histórico al Archivo General de la Nación, a sus equivalentes en las entidades federativas o al organismo que determinen las leyes aplicables o los convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto”. Es decir, los sujetos obligados tienen libertad de disponer de su documentación histórica. No quiero ni imaginarme los posibles convenios internacionales que podrían establecerse.

Pareciera que, sea donde sea, la documentación que se considere histórica se destinará a un Archivo General o Histórico o… Pero la nueva Ley no tiene plazos para las tranferencias, ni las primarias, ni las secundarias. El Artículo 48 establece que serán los sujetos obligados quienes establezcan “los valores, vigencias documentales y, en su caso, los plazos de conservación y disposición documental”; o sea, puede ocurrir que nunca se fijen los plazos para que una documentación pase a un archivo histórico y sea desclasificada, según se dice en el artículo 49.

Así, el Sistema Nacional de Archivos propiciará inmensos archivos de concentración donde se acumule la documentación; esto dificultará la organización y la descripción de los fondos, lo que a su vez imposibilitará la respuesta a la información requerida por la ciudadanía. Archivos que no serán públicos ni de interés general. De por sí, este hecho ya es gravísimo.

Por si fuera poco, en esos inmensos archivos de concentración, la documentación histórica quedará presa de dudosos criterios de clasificación como reservada o confidencial, los que pueden ser perpetuos… y a la larga, la información se perderá. Incluso puede desaparecer aquella que llevamos más de cuatro siglos conservando.

Los archivos históricos sirven para recibir la documentación valorada como histórica, conservarla y ponerla al servicio público. Sin ellos, el Sistema Nacional de Archivos será laberinto de papeles eternamente semi activos que enturbiará la memoria colectiva y esconderá la información de aquello que hemos sido en montañas burocráticas de papel o de datos electrónicos.

Por último, podríamos consolarnos y dedicarnos a cuidar los 14 Archivos Históricos existentes, tratando de preservarlos… pero tampoco eso nos permitirá la nueva Ley. El artículo 14 transitorio concede dos años de plazo a las dependencias federales, y tres a las entidades federativas, para identificar sus fondos documentales, pudiéndolos considerar como no históricos. Aunque el texto es confuso, de él se desprende que los archivos históricos podrán deshacerse de algunos de sus fondos. Esto posibilitaría, incluso, la desaparición de alguno de los casi inexistentes archivos históricos en México.

Además de proponer las modificaciones puntuales a la iniciativa de Ley General de Archivos, que ya han sido postuladas por la UNAM y muchos otros sectores de la sociedad, es necesario tener una política a largo plazo, más académica, que implique crear y fomentar los archivos históricos en México para garantizar la fluidez del Sisitema Nacional de Archivos y el libre acceso a la información, garante de la democracia. Además, los archivos históricos son la fuente de nuestra memoria, impulso para el ser y para la acción, freno contra el olvido y la inexistencia.

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