A propósito de la Iniciativa de Ley General de Archivos 2016

Luis Torres Monroy

Muchos archivistas advertimos sobre los riesgos de construir un edifico comenzando por sus torres. En México, más de una década ha sido consumida en crear leyes de clase mundial sobre transparencia, acceso, y protección de datos personales, postergando inexplicablemente la legislación en materia archivística, y ha sido hasta la publicación de la Ley Federal de Archivos (enero de 2012), que finalmente se reconoció en los archivos el pilar fundamental sobre el que descansan las más caras aspiraciones de transparencia, de rendición de cuentas, de protección de datos personales, del ejercicio del derecho a la información, del derecho a la verdad y a la memoria y, desde luego, más recientemente se ha cobrado plena consciencia de que sin archivos los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción sólo serán de utilería.

El discurso sobre transparencia y el acceso a la información es relativamente reciente comparado con la añeja presencia del archivo como sedimento documental de las instituciones –y de la archivística como su ciencia– y, hoy, el flamante discurso se puede convertir en el acicate perfecto para atentar contra la memoria y contra la disciplina responsable de su custodia, conservación, organización, descripción y difusión, sólo porque la clase política finalmente ha tomado nota de que no puede poner los cerillos junto a la dinamita, pues –frente a un escenario nacional de graves y recurrentes escándalos de corrupción que la implican– un buen Sistema Nacional de Archivos le resultaría muy incómodo si se articula con efectivos sistemas de Transparencia y de Anticorrupción. Paradójicamente, entonces, la importancia que hoy nadie le regatea a los archivos se puede convertir, precisamente, en la principal causa de su aniquilamiento, haciendo eco de aquella lapidaria consigna salida de la pluma de un reconocido autor latinoamericano que todos hemos leído: “el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo”.

Frente a tamaño peligro, es urgente recordarle al Poder Legislativo que si habremos de creer en su intención de posicionar a los archivos efectivamente como garantes o fuentes confiables para sustentar la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el combate a la corrupción y a la impunidad, en primera instancia, la Ley debe asegurarles su consolidación institucional como depositarios de fe pública, como conjunto orgánico de documentos, como evidencia, como testimonio, como legado y como patrimonio cultural que nos pertenece a todos, y no sólo concebirlos como portadores de información a clasificar [1] y desclasificar en función del abuso interpretativo de conceptos como la protección de datos personales, la seguridad nacional o el secreto comercial, fiduciario y bancario, entre otros y, por supuesto, debe garantizar su máxima publicidad y accesibilidad. Para ello, es condición indispensable que la Ley previamente asegure que el Sistema Nacional de Archivos se libere totalmente de la Secretaría de Gobernación y quede en manos de instancias normativas y de gobierno con autonomía, personalidad jurídica y competencia científico técnica a toda prueba, y que, así como hoy se dota de recursos a órganos autónomos como el INAI, la Ley asegure que la instancia o entidad que presida el Sistema Nacional de Archivos cuente con los recursos suficientes para su operación. Lo contrario no nos llevará más allá del ámbito de la demagogia.

En este contexto, no se puede descartar el riesgo de que con el pretexto de las fuertes críticas y observaciones que ha cosechado la iniciativa, el Poder Legislativo decida empantanar su discusión, porque ante la cada vez más disminuida figura del Archivo General de la Nación y frente a la constante expansión de atribuciones del INAI [2] –con frecuencia a costa de la constricción de las del propio AGN–, [3] nadie puede descartar que, como ya ocurre por ejemplo en San Luis Potosí, económicamente se decida que el órgano garante en materia de transparencia, acceso y protección de datos personales asuma también la responsabilidad del Sistema de Nacional de Archivos, lo cual resultaría todavía más catastrófico.

Los legisladores no deben eludir la responsabilidad de concretar la Ley General de Archivos en un plazo perentorio, pero no a costa de ignorar las múltiples voces que se han pronunciado en contra de contenidos medulares de la iniciativa, pues además de poner irresponsablemente en riesgo la memoria documental del país, traicionarían el objetivo del ejercicio de parlamento abierto que significó la interesante sesión pública del pasado 28 de noviembre. Por otro lado, con la aprobación de una iniciativa igual o parecida a la que hoy conocemos, el gobierno de Enrique Peña Nieto desaprovecharía una de sus últimas oportunidades para revertir el grave descrédito en el que se hallan sumergidas las instituciones del Estado Mexicano y, además, confirmará la intención de caminar hacia ese “totalitarismo suave” que denunciara Tariq Ali en una entrevista publicada en La Jornada en octubre de 2013. [4]


1. Las cursivas, porque este mismo término se usa en archivística para una de las fundamentales tareas que implica la organización de archivos, por supuesto con una significación absolutamente distante de sus aplicaciones en materia de acceso a la información.

2. Por ejemplo, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de septiembre de 2014 se creó la Comisión de Gestión y Administración de Archivos del INAI.

3. Basta recordar que el AGN y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI) quedaron mandatados por la Ley Federal de Transparencia de 2002 para compartir la elaboración de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados el 20 de febrero de 2004; que el 3 de julio de 2015 el AGN y el INAI publicaron los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos del Poder Ejecutivo Federal, que abrogan los de 2004, y que el 4 de mayo de 2016 el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicó los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.

4. “México transita hacia un totalitarismo suave: Tariq Ali”.

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